El mayor número de casos registrados en las fiscalías de San Cristóbal, Villa Altagracia, Baní, Ocoa y Azua corresponden a la violencia contra la mujer, con el agravante de que más del 90% de las mujeres agredidas retiran las querellas.

POR TANIA HIDALGO Y DIEGO PESQUEIRA
El consumo, venta y tráfico de drogas, los robos y la violencia intrafamiliar son las principales infracciones que a diario tienen que enfrentar los fiscales de San Cristóbal, Villa Altagracia, Baní, Ocoa y Azua.

Así lo explicó el procurador general de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez.

Manifestó que el problema del tráfico de drogas es tan grave en esa jurisdicción que, inclusive, algunos cobradores y choferes de autobuses, antes de iniciar su jornada laboral, se dan “un pase” de droga.

Advirtió a los estudiantes universitarios para que tengan cuidado al momento de abordar una unidad vehicular.

Asimismo, dijo que en el mercado de San Cristóbal también hay muchos puntos de drogas.

Fernández Vélez se expresó en esos términos al participar en el Diálogo Jurídico de HOY junto a los fiscales Robert Lugo, de San Cristóbal; Francisco Mejía Jiménez, de Villa Altagracia y Angel Augusto Arias Méndez, de Azua.

VIGILANCIA CONSTANTE

Por otro lado, Fernández Vélez dijo que constantemente supervisa el trabajo de los fiscales para beneficio de éstos y la buena administración judicial.

“Trabajamos constantemente para lograr que los representantes del Ministerio Público no se vean involucrados en actos de corrupción. Vigilar que los fiscales y procuradores adjuntos trabajen con seriedad es nuestro fuerte. Nosotros no permitimos actos de corrupción, porque la sociedad demanda seriedad”, puntualizó.

Recordó que han denunciado casos de corrupción en los que se han visto involucrados fiscales y hasta jueces, específicamente de la ejecución de la pena, donde los imputados eran favorecidos con la libertad con cierta facilidad y rapidez, “pero esto se ha reducido a su mínima expresión”.

SAN CRISTÓBAL

De su lado, el fiscal de esta ciudad, Robert Lugo, quien lleva cinco meses en el puesto, explicó que ante el auge de la violencia contra la mujer se creó la unidad de violencia intrafamiliar, donde se conocen los casos de violencia de género.

Además de mejorar la imagen física de la fiscalía, dijo que se han preocupado porque el personal esté acorde con el nuevo Código Procesal Penal en lo relativo a su preparación y capacitación.

Explicó que en virtud de los escándalos que se habían registrado en la fiscalía, antes de su llegada, se vio en la obligación de cambiar todo el personal que allí laboraba.

VILLA ALTAGRACIA

De su lado, el fiscal de este municipio, Francisco Mejía Jiménez, denunció que una de las principales dificultades con la que tienen que lidiar es que los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) actúan en contubernio con los vendedores de drogas.

 “Y cuando se percatan de que hay algún operativo por parte del Ministerio Público se lo informan a éstos. Entonces, al llegar al lugar pautado no encontramos nada”, se lamentó.

Explicó que en la mayoría de los casos, los agentes de la DNCD hacen contactos con los dueños de puestos de venta y distribución de estupefacientes para informarles que se hará un operativo.

Empero, reconoció que en menos de un año ese personal ha sido removido en tres ocasiones, a fin de evitar contubernio entre agentes antidrogas y traficantes.

Por otro lado, manifestó que en lo que va de año han obtenido 40 sentencias condenatorias contra personas acusadas de diferentes hechos delictivos.

Asimismo, dijo que han logrado disminuir en más de un 90% que personas desaprensivas se dediquen a lanzar piedras a los vehículos que transitan por la Autopista Duarte, desde y hacia Santo Domingo y el Cibao.

De igual manera, refirió que a diario reciben un promedio de 15 a 20 querellas sobre violencia intrafamiliar.

Esta fiscalía que tiene tan sólo dos años de instalada cuenta con un titular y dos fiscales adjuntos.

FISCALIA DE AZUA

El fiscal interino de esta ciudad, Angel Augusto Arias Méndez, al intervenir en el conversatorio sobre el desenvolvimiento del Ministerio Público en ese distrito judicial, denunció que han afrontado dificultades con los agentes de la Policía Nacional de puesto en el lugar. Explicó que, al parecer, los agentes no entienden los cambios que se han registrado en el ámbito judicial.

Se quejó de que la Policía apresó recientemente, mediante redadas, a 96 ciudadanos, quienes, en algunos de los casos, fueron golpeados y maltratados.

“Con frecuencia amanecen 15 y 20 jóvenes detenidos de manera arbitraria y, a veces, incluso, son macuteados por los mismos miembros de la Policía”, insistió, tras indicar que han repudiado y condenado está práctica.

Dijo entender que la Policía debe mantener el orden en las calles, pero que “también se deben respetar los derechos de los ciudadanos”.

Los tres representantes del Ministerio Público agradecieron el respaldo ofrecido, tanto por el ex procurador y actual senador Francisco Domínguez Brito, como por el actual, Radhamés Jiménez Peña.

FISCALIA DE OCOA

En lo que va de año, la Fiscalía del Distrito Judicial de Ocoa ha recibido 855 expedientes, siendo la violencia intrafamiliar el hecho delictivo con mayor índice de ocurrencia, para un total de 363 casos, seguido por los robos y las riñas con 126 y 70 expedientes, respectivamente.

En tanto, 33 personas fueron sometidas por violar la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, cuatro por homicidios, siete por violaciones sexuales y seis por robos de menores.

También recibieron querellas por trata de personas y falsificación de documentos.

ESTADISTICAS

En tanto, a la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal ingresaron 8,604 expedientes.

En la Fiscalía de ese departamento judicial fueron recibidos entre enero y octubre del presente año, 1,286 casos, de los cuales 480 corresponden a denuncias y querellas hechas por ciudadanos sobre hechos delictivos diversos.

De esa cantidad, 63 casos fueron desestimados porque no contaban con los elementos constitutivos necesarios para sustentar la acusación.

A solicitud del Ministerio Público se dictaron 1,478 órdenes de arresto y conducencia; 356 prisiones preventivas, 347 garantías económicas y dos arrestos domiciliarios.

El fiscal manifestó que en ese período se dictaron 541 medidas de coerción diferentes a las citadas anteriormente, como la presentación cada cierto tiempo ante la fiscalía y otras.

Se practicaron 157 allanamientos en distintos puntos de la provincia.

Gracias al trabajo realizado por los miembros del Ministerio Público se solicitó la apertura a juicio de 160 expedientes, mientras que se archivaron por conciliación y otros motivos, 89 casos. 

En tanto, en la unidad de violencia intrafamiliar, abuso y género de la Fiscalía de esta jurisdicción fueron atendidas entre julio y noviembre de este año 2,248 personas, de las cuales 360 corresponden a querellas de agresiones físicas y 38 a violaciones sexuales.

Los fiscales adjuntos solicitaron al juez de la instrucción 141 órdenes de arresto y de igual manera en ese período fueron emitidas 332 órdenes de protección.

Asimismo, fueron interpuestas  421 querellas de otra índole.

Con relación a las querellas presentadas en este departamento, 14 casos fueron enviadas a juicio de fondo y 12 imputados fueron declarados en rebeldía por no comparecer a las citaciones realizadas y se lograron 144 conciliaciones.