Al cumplir 44 años de su fundación, el Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) considera que los problemas sociales se han profundizados ante la mirada indiferente de las autoridades como el alto costo de la canasta familiar, la violencia intrafamiliar, así como el deterioro de servicios fundamentales como agua potable y energía eléctrica.

Deplora de igual modo, los desalojos forzosos y abusivos que continúan desarrollándose en casi toda la geografía nacional, sin apego a las leyes y la Constitución que en el artículo 59 garantiza una vivienda digna a cada ciudadano.

Señala que un ejemplo de esto, es la situación en los barrios Freddy Beras Goico en los Alcarrizos, Nuevo Domingo Savio, La Mina en San Isidro, en el Gran Santo Domingo y Barceló en Desarrollo en Alto del Yaque en Santiago.

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Afirma que de esos lugares ha sido desalojadas miles de familias, sin respetarle sus derechos, sin garantizar el debido proceso, incrementando la inseguridad y la vulnerabilidad de las familias empobrecidas, e incrementando el déficit habitacional del país.

Estima que las reformas implementadas en las últimas décadas han convertido los derechos ciudadanos en mercancías, en un negocio para el sector privado hacer negocios a costa del bienestar de la población.

Explica que esto lo refleja el funcionamiento de los sistemas de seguridad social, de salud, educación, seguridad ciudadana y la vivienda.

Esta realidad, sostiene, se expresa en que el 1% de la población más rica del país recibe el 55% de los ingresos del Producto Interno Bruto (PIB).

Mientras el 10% de la población más pobre apenas recibe el 0.98% del PIB, según el informe sobre Desigualdad en RD del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (Mepyd) de octubre del 2022.

Indica que las políticas sociales o programas de compensación social no son la respuesta.