Un estudio difundido por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) reafirmó esta semana las consecuencias de la desatención que históricamente  ha sufrido la enseñanza en el país, específicamente la del nivel primario, que es el caso. En una escala en la que Cuba aparece en primer lugar con los mejores resultados de la impartición de docencia, República Dominicana figura  con un índice inferior al promedio de América Latina, objeto de la medición.

La mayoría de los gobiernos que ha tenido esta República, y de manera más alarmante los últimos e incluso el actual, ha tenido su cuota  de responsabilidad en este  fracaso que es consecuencia de una baja inversión pública en las escuelas. Es cierto que sectores políticos y sindicales, que echaron leña al fuego que disminuyó el principio de autoridad en las aulas, son co responsables por  lo ocurrido al  dar  por decenios a sus fines y propósitos particulares  más importancia que a la misión de enseñar. Pocas veces el Estado dominicano ha invertido lo necesario para romper las cadenas de la ignorancia que han oprimido al sector poblacional mayoritario de la nación.

Trágico costo del robo de luz
En República Dominicana se aplican con buen sentido programas para controlar enfermedades como el dengue, el sarampión y la malaria, pero ninguna de ellas, ni todas juntas, producen más víctimas mortales que el mal que sin mucho ruido ni conmoción solo el año pasado se llevó la vida de 274 personas  que sufrieron quemaduras y electrocución mientras hacían conexiones eléctricas ilegales. El don más preciado que es la existencia humana, se pierde a cada rato  por la acción recurrente  de quienes  tratan de consumir electricidad sin pagarla.

La ignorancia  y la necesidad dan motivo a  una epidemia de muertes que solo podría ser reducida con insistente información y exhortaciones, por todos los medios posibles, para persuadir a la ciudadanía a no bregar irregularmente con líneas del tendido eléctrico. Estas cifras de dominicanos muertos es también un motivo ineludible para  que la fuerza pública persiga con eficacia el robo de energía.