Deploran no haya sanción a violación declaración bienes

FOTO NUEVA DE CAMARA DE CUENTAS RD (1)

El Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), estableció que las autoridades no han sancionado a ningún funcionario por violación a la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio.
Un análisis del Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel, que desarrolla el PED en conjunto con el Centro Juan XXIII, deplora la falta de aplicación del artículo 14 de la citada ley, el cual imputa “faltas graves de tercer grado” a los funcionarios que dejen de declarar sus bienes y los de su comunidad conyugal, una obligación que deben cumplir ante la Cámara de Cuentas dentro del plazo de un mes después de ser escogidos o de dejar el cargo.
Fernando Ferrán, director del PED, destacó que “no se conoce de ningún funcionario que, antes del pasado 17 de agosto o con posterioridad a esa fecha, haya sido sancionado según manda el artículo 14 de la ley y el capítulo 6 de su reglamento de aplicación”.
Explicó que el PED escogió una muestra de 49 funcionarios entre los que, según la respuesta ofrecida por la Cámara de Cuentas el pasado 26 de octubre, faltaban seis por presentar su declaración jurada de patrimonio: la presidenta del Tribunal Superior Administrativo; los alcaldes de los municipios de Santiago, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, así como los encargados de las unidades de Compras y Contrataciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el Ministerio de Salud Pública.
El análisis deplora que al menos 4,727 funcionarios están violando la Ley 311-14. En ese contexto, refiere a un documento remitido por la Cámara de Cuentas a la Procuraduría General, del cual se establece que entre los que deberían recibir sanciones por inobservancia de la ley figuran 5 senadores, 143 diputados, 21 viceministros y 6 gobernadores provinciales.
Además, que el 91% de los 5,183 funcionarios que se estima deben transparentar sus bienes, violan disposiciones legales para los que existen claras sanciones establecidas.
Entre los avances, el Laboratorio resalta que “se ha podido constituir el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio”. Además, que las autoridades notifican “de manera adecuada” a los funcionarios que deben cumplir con ese mandato. Pese a ello, sólo 5% (de 5,183) han cumplido a tiempo.