POR GERMAN MARTE
Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) deploraron ayer la decisión del abogado Félix Olivares Grullón de abandonar las filas de la sociedad civil para pasar a defender al ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, cabecilla de una banda de narcotraficante a la cual le fue decomisado un cargamento de 1,387 kilos de cocaína valorado en más de RD$900 millones, el más grande que se haya descubierto en los últimos diez años.

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) dijeron en declaraciones por separado que la defensa de un narcotraficante es totalmente «incompatible» con el papel que desempeña la sociedad civil.

Empero, Servio Tulio Castaño Guzmán, director ejecutivo de Finjus, y Alfonso Abreu Collado, vocero de PC, dijeron que respetan la decisión de Olivero Grullón.

El coordinador de PC lamentó la decisión de Olivares Grullón de abandonar las filas de la sociedad civil para pasar a defender al principal acusado de traficar con un cargamento de de cocaína, pero dijo que se trata de un abogado en ejercicio y así como renunció a la asesoría de la Policía Nacional también renunciará a los espacios de la sociedad civil donde está funcionando.

Abreu Collado dijo que hay actividades contra las cuales las organizaciones de la sociedad civil tienen una línea de combate «y que es incompatible que un dirigente de la sociedad civil esté en la tribuna del lado de una persona que el ministerio público -que es el representante directo de la sociedad en su conjunto- está acusando de tráfico de estupefaciente es totalmente incompatible».

Olivero Grullón, hasta ahora un destacado activista de la sociedad civil, se desempeñaba hasta la semana pasada como asesor del jefe de la Policía Nacional en asuntos del Código Procesal Penal, desde la sociedad civil se destacó como uno de los principales propulsores de la Reforma Policial. Trabajó junto a otros abogados en la elaboración del Código Procesal Penal y fue miembro de a Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal auspiciada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Se dice que recibió una oferta millonaria para que defendiera a Paulino Castillo, un ex chofer de ambulancia en Elías Piña quien llegó a amasar una gran fortuna en menos de dos décadas.

«Evidentemente decisiones de ese tipo chocan con los principios de la sociedad civil», recalcó Castaños Guzmán al tiempo de señalar que la sociedad civil siempre ha tenido una coherencia y siempre ha caminado sobre la base de una serie de principios.

Resaltó que al decidir pasar a la barra de la defensa de un narcotraficante, Olivares Grullón tuvo que renunciar a una labor mucho más importante que la que va a desempeñar ahora.

Manifestó que personalmente no aceptaría asumir un caso de ese tipo «por razones de formación jurídica doméstica».

«No porque crea que el otro lo esté haciendo mal y porque yo crea que yo lo estoy haciendo bien, sino por cuestión de convicción muy personal, eso yo nunca jamás en mi vida lo haría», añadió.