ROBERTO SALADÍN
Las repatriaciones  afectan a República Dominicana y a otros países y debe contemplarse la posibilidad de que llegue como tema a la agenda de la OEADe nuevo titulares de prensa rezan ¨Llega al país grupo de 118 criollos que cumplieron condena en Estados Unidos, tema que enfocamos  en el seminario celebrado el 17 de septiembre del 2007 en el marco de la XV Semana Dominicana en los Estados Unidos con el auspicio del Grupo de Profesionales Dominicanos en Washington, D.C., tema que sigue en la palestra, ya que en el pasado año fueron deportados hacía el país 4,198 dominicanos desde Norteamérica.

Estadísticas del Departamento de Homeland Security de Washington (Oficina de Estadísticas de Inmigración), en su última publicación correspondiente al año 2005, ya que el de 2006 no ha circulado aún, a finales del 2007 señalaban que en los últimos diez años el total de deportados desde Estados Unidos  a la República Dominicana fue de unos 30,879.  Deportados criminales: 20,896 ó 67.7%.  Deportados no criminales: 9,983 ó 32.3%.

La cuestión de los deportados no sólo afecta a nuestro país, ya que si se hace una comparación entre las deportaciones hacia República Dominicana y las que ocurrieron  a Centroamérica 2000–2005 se observa que Honduras en ese período encabezó la lista con 37,271, Guatemala con 35,127; El Salvador con 30,489 y República Dominicana con 20,483.  Nicaragua con 3,443.  Costa Rica con 2,162 y Panamá con 896 deportados.

Enfocamos nuestra atención por lo tanto en el tema de los deportados desde Estados Unidos por condenas criminales, realizando una serie de reflexiones y sugiriendo alternativas en un tema que se enmarca en  una política de seguridad ciudadana en la República Dominicana.

1.        Hasta el presente, no existe una institución civil que coordine la recepción de los deportados dominicanos desde Norteamérica con un programa diseñado para la rehabilitación y reeducación de los mismos con el objetivo de  lograr su reinserción a la sociedad y su incorporación posterior al mercado de trabajo, si se quiere evitar que sean reincidentes.

2.        Necesidad de realizar, a la llegada de los deportados, una evaluación psicológica y psiquiátrica de los mismos y su posterior seguimiento.

3.         Estudio y preparación de una legislación que someta, durante un período de 18 meses a la vigilancia de la alta Policía a los deportados después de su llegada, estableciéndose fases, dentro de ese período, entre otros: a) en los primeros ocho meses aprendizaje obligatorio de una profesión manual en los talleres del INFOTEP y en las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas, b) servicio social obligatorio, c) definición de su estatus para acceder a documentos legales, y d) preparación de los mismos para su incorporación al mercado laboral.

4.        Designación de una Alta Comisión integrada por dos o más universidades nacionales, la Secretaría de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Iglesia Católica y los cultos cristianos para estudiar y recomendar la adopción de una legislación, donde se identifique qué tipo de institución del sector público o del sector privado u ONG asumiría la responsabilidad de recibir los deportados y coordinar los programas de reeducación y rehabilitación de los mismos, fuentes de recursos como  gestionar una cooperación técnica de la AID, ya que los EEUU deberían compartir los costos de un proyecto de esta magnitud.

5.        Negociaciones bilaterales RD-EEUU para gestionar con Washington que asuma un porcentaje de los costos de esos programas de reeducación y rehabilitación de los deportados, solicitándose igualmente, que donen al país los equipos biométricos a ser instalados en los aeropuertos y puertos marítimos para disuadir el retorno ilegal de los deportados a Norteamérica  o Puerto Rico. En el pasado algunos congresistas de Estados Unidos plantearon la necesidad de operar  equipos biométricos en nuestro país, y por la prensa hemos visto que se han recibido algunos de esos equipos.

6.        Dar continuidad a las gestiones iniciadas por el canciller Eduardo Latorre, en la Tercera Reunión Anual de Ministros de Relaciones Exteriores de CARICOM y la República Dominicana (Nueva Orleans, 2000) a quien acompañé en esa delegación, cuando era embajador ante la Casa Blanca para que se suspendan las deportaciones hacía nuestro país, reunión que presidió del lado norteamericano la secretaría de Estado, Madeline Albright.

7.        Dado el impacto que están teniendo las deportaciones de personas que han cumplido condenas criminales en Estados Unidos hacía Jamaica, México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana, entre otros países, explorar la posibilidad de que la Organización de Estados Americanos (OEA) convoque a una conferencia regional para abordar este tema de alta prioridad para la seguridad interior en muchos países de la región, invitando a Washington  a participar, explorándose así la posibilidad de compartir costos y gastos en los procesos de reeducación y rehabilitación de los deportados por causas criminales.

8.        Dado el hecho de que FUNGLOGE auspició un seminario sobre el tema de los deportados dominicanos condenados a penas criminales en Estados Unidos, sugerir que la misma se integre cooperando con los programas de reeducación y rehabilitación, proveyendo el apoyo logístico, mediante una base de datos que sirva de apoyo al esfuerzo de las autoridades y a la institución a crearse.

9.        Detrás de cada deportado hay una familia y su localización e identificación  podrían contribuir al proceso de reeducación y rehabilitación de los mismos, pero deberían las  familias recibir un entrenamiento y tutoría para apoyar el proceso de reinserción de dichos deportados a la sociedad.

Como miembro del comité Ejecutivo de Semana Dominicana en los Estados Unidos hace muchos años, siempre he considerado los temas de la diáspora como de la más alta prioridad. Por eso o presento estas alternativas de creación de un marco institucional en la República Dominicana para tratar los retos y desafíos que en materia de seguridad nacional plantean las deportaciones, contribuyendo así a pasar de las lamentaciones a un plan de acción para un manejo profesional e institucional de dlos repatriados.

En síntesis

Un problema regional

Como se trata de un problema común a varios países, incluyendo los propios Estados Unidos, debería convocarse una conferencia regional a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar el tema como “de alta prioridad” para la seguridad en los respectivos territorios.