Los licenciados Anderson Vargas Franco, Antonio Figueroa Pontier y Jhonny Peña Peña, afines a la profesión del derecho en República Dominicana, depositaron hoy en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados, comunicaciones en donde expresan la necesidad de implementar una ley de juicios de extinción de dominio en República Dominicana.

“A partir de la proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010, el Estado dominicano introdujo el instituto jurídico de la extinción de dominio, sin embargo, a más de 11 años de esa proclamación del constituyente, el país no cuenta con una ley que regule los juicios de extinción de dominio, a pesar de que la Carta Magna lo dispone en su artículo 51.6”, aseveró Vargas Franco.

El abogado señaló que este proyecto de ley consisten en “un plan de homogenización de normas para Latinoamérica, guiado por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través del Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe, junto a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos con el fin de que estos incorporen a su ordenamiento jurídico una herramienta que les permita combatir el crimen organizado, sea nacional o internacional”.

Asimismo, Figueroa Pontier, fundador de la Asociación Dominicana de Profesionales y Estudiantes del Derecho (ADED) aseguró que “el Estado dominicano estaría a la par en el marco legal con países hermanos de la región como son Colombia, México, Perú y otros más, los cuales poseen leyes de esta naturaleza. Además, estas normas han servido como instrumentos de recuperación de cientos de millones de dólares y moneda local, recursos obtenidos producto de la corrupción y del blanqueo de capitales”.

Mientras que el jurista Peña Peña destacó que “la criminalidad es un flagelo latente en nuestro país, e incide con efectos sumamente negativos que deteriora las arterias sociales, aumentando los niveles de desigualdad, falta de transparencia institucional, mala valoración en los índices internacionales de medición de corrupción, provocando que la inversión nacional e internacional se vea afectada debido a que incrementa la competencia desleal y la participación en igualdad de condiciones en el aparato de producción de riquezas de la nación”.

Destacaron que el proyecto que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados adolece de serios vicios que dificultarían la persecución de estos flagelos y la recuperación de los recursos obtenidos de forma ilegítima.

Llamado del gobierno de los Estados Unidos

Los profesionales valoraron como positivo y oportuno el llamado hecho por el gobierno estadounidense a través de su embajada en el país de que se implemente una ley de juicios de extinción de dominio para recuperar las riquezas sustraídas por el crimen organizado y funcionarios corruptos.

Sobre el origen de la extinción de dominio

Esta institución jurídica tiene como punto de partida la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefaciente y Sustancias de 1988.