POR ALEIDA PLASENCIA
El sector construcción depositó ayer ante las comisiones de Obras Públicas del Senado y la Cámara de Diputados una propuesta consensuada de “Ley de Viviendas, Asentamientos Humanos y Edificaciones”, que persigue implementar un plan nacional de política de desarrollo habitacional.

Fue entregada por una representación de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), encabezada por el licenciado José Rodríguez Cáceres, presidente, en una ceremonia llevada a cabo en el restaurante Sherezade al mediodía.

 La pieza fue recibida por el presidente de la comisión de Obras Públicas del Senado, Euclides Sánchez; Hugo Fortuna, de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, así como por los diputados Juan Pérez, Alejandro Montás, Ramón Cabrera, Gualner José, Juan Julio Campos Ventura y Alif Rizek.

La propuesta de ley crea la Secretaría de Viviendas, Asentamientos Humanos y Edificaciones, organismo especializado, planificador, rector y coordinador de la aplicación de la política habitacional y asentamientos humanos, que sustituiría en sus funciones al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).

Igualmente, crea comisiones legislativas permanentes, una de la Cámara de Diputados y otra del Senado sobre viviendas, asentamientos humanos y edificaciones, con la función de velar por el desarrollo, facilitación y modernización de este sector.

ACOPROVI sometió al Congreso de la República el pasado año un proyecto de ley similar a éste, el cual pasó por dos legislatura sin ser conocido y perimió. Rodríguez, quien estuvo acompañado, entre otros, de Leonardo López, Jaime González y Francisco González, directivos de ACOPROVI, resaltó que la propuesta de ley depositada ayer cuenta con el beneficio de que fue consensuada con las autoridades gubernamentales correspondientes, los poderes Ejecutivo, legislativo, Judicial y municipal.

Explicó que la Secretaría a crearse en la propuesta de ley propiciará la cooperación entre instituciones públicas y privadas para la facilitación del desarrollo habitacional.

La propuesta establece como principios fundamentales de la política de vivienda del país, que el Estado asuma un rol facilitador y subsidiario y, en consecuencia, debe crear las condiciones sociales, económicas, financieras y jurídicas para que las familias dominicanas tengan acceso a unidades habitacionales dignas y adecuadas.

Igualmente,  establece que el Estado destine recursos para reducir el déficit habitacional de los sectores de más bajos ingresos, financiando y/o construyendo viviendas de interés social y de bajo costo.

Establece también que el Estado creará instrumentos legales, financieros y fiscales que atraigan y conviertan el ahorro individual en una inversión social, con el fin de incrementar los recursos disponibles para el financiamiento de viviendas y su infraestructura.

Establece, además, que los terrenos del Estado con vocación para asentamientos humanos sean destinados a proyectos habitacionales, debiéndose propiciar la creación de un Banco de Tierra.

 Esto es con el fin de organizar y registrar todos los terrenos estatales con vocación habitacional.