CARACAS (EFE).- Las autoridades venezolanas se aprestan a depurar las firmas recogidas recientemente para intentar activar un referendo contra el presidente Hugo Chávez, y a esclarecer si se cometieron presuntas «trampas».

La labor de verificación comenzará después de que la coalición opositora Coordinadora Democrática entregue en el Consejo Nacional Electoral (CNE) los impresos con las firmas que recolectó entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre.

«Lo principal es que una vez hecha la depuración todos se sometan a la decisión del árbitro, que es el CNE, y acepten los resultados», manifestó el presidente de ese organismo, Francisco Carrasquero.

El oficialismo ha presentado hasta ahora ante el CNE, en cuatro entregas, alrededor de la mitad de las firmas de 2,6 millones de personas.

Por su parte, portavoces de la Coordinadora han señalado que la entrega de sus firmas se efectuará la semana entrante, una vez que hayan ordenado, registrado y fotocopiado los impresos.

El CNE, que únicamente dispone de las actas levantadas durante las jornadas de recolección, indicó que estudia poner una fecha tope para el depósito de los documentos con el fin de que el proceso no se alargue demasiado.

Carrasquero criticó que tanto la oposición como el oficialismo estén aireando cifras de recolección sin valor porque no han pasado por el filtro del CNE, que es el único organismo autorizado para ofrecer datos definitivos y confiables.

La Coordinadora dice que recogió 3,6 millones de firmas para activar el referendo contra Chávez, mientras que el oficialismo asegura que sólo logró reunir 1,9 millones de las 2,4 millones necesarias para apartar del poder al presidente.

El CNE advirtió que suministrará números definitivos del proceso de recolección aproximadamente un mes después de la fecha de entrega de los impresos.

Al delicado proceso de decidir qué firmas valen y cuáles no, han sido invitados la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter (CC) para que actúen como observadores.

La OEA y el CC también observaron las jornadas recolectoras y destacaron el «civismo» imperante además de certificar que «quien quiso firmar pudo hacerlo».

El trabajo de verificación se ve complicado por las numerosas denuncias de «trampa» formuladas ante el CNE, principalmente por sectores del oficialismo.

«Si hubo fraudes serán detectados casi al 90 por ciento», indicó Carrasquero poco antes de confirmar que ya está operando una oficina especial dentro del CNE para atender y procesar las denuncias.

«Estamos comprometidos en el conocimiento y trámite de esas denuncias. Las investigaremos, porque el fraude es un delito y también causal de nulidad. La verdad aflorará», señaló Carrasquero.

Entre las denuncias más comunes figura la de personas que fueron descubiertas tratando de firmar varias veces con cédulas de identidad falsas.

Consultado sobre la posibilidad de que se produzcan fuertes tensiones si se anulan muchas firmas, Carrasquero señaló que ese enfoque no es correcto porque «las firmas valen o no valen».

Si el CNE dice que la oposición juntó las 2.405.856 firmas necesarias, el referendo contra Chávez podría ser convocado para finales de marzo o principios de abril de 2004, salvo que oposición y oficialismo acuerden y comuniquen otra cosa a las autoridades electorales.

La Coordinadora planteó su deseo de llegar a un acuerdo con el oficialismo para acortar los lapsos legales y celebrar la consulta presidencial lo antes posible.

Carrasquero consideró «temeraria e ilegal » la propuesta porque no se puede acordar una fecha para el referendo cuando todavía no se sabe si se celebrará o no.

Si el referendo se convoca, se necesitarán 3.757.773 votos para que Chávez deje la presidencia.