El Procurador General   insiste en que se identificará y se someterá a la justicia, “caiga quien caiga”, a los beneficiarios de los sobornos que repartió la constructora Odebrecht a funcionarios e intermediarios dominicanos entre el 2001 y el 2014, en obvia respuesta a sectores que empiezan a impacientarse por la lentitud conque marchan las indagatorias, que parecen concentrarse  en interrogar a todo el que tuvo que ver (funcionarios, exfuncionarios  y legisladores) con las obras que construyó y que construye la multinacional brasileña en República Dominicana. Pero las presiones para que se agilice el proceso no solo provienen de sectores locales que exigen castigo para sobornados y sobornadores, pues las acciones que se toman fuera del país (ayer la fiscalía de  Panamá formuló cargos contra 17 personas en relación con el pago de sobornos millonarios por parte de Odebrecht) contra los implicados en el escándalo    se constituyen en un factor de presión adicional  para un Ministerio Público  que todavía no ha convencido a  la opinión pública de que quiere y puede llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Cierto es que el doctor Jean Alain Rodríguez, al igual que los miembros de la Comisión de Notables  a la que un decreto del presidente Danilo Medina encomendó realizar una investigación paralela sobre la licitación  y adjudicación de las plantas a carbón de Punta Catalina, merecen el beneficio de la duda y que se les dé la oportunidad de concluir su trabajo para que, a partir de sus resultados, se les aplauda o se les condene. Pero los que piden comprensión y paciencia a quienes reclaman castigo a los involucrados en los sobornos que pagó   Odebrecht deben entender que un pueblo  que durante décadas ha visto cómo se premia a los corruptos con impunidad y tolerancia social tiene derecho a impacientarse, sobre todo cuando ve que sus autoridades  no parecen darse   cuenta de que llegó la hora de decir basta ya al impune latrocinio.