Derecho  a la salud

Derecho  a la salud

La vida tiene un costo que no se relaciona con los precios de alimentos sino con los de la asistencia médica, las tecnologías, insumos y medicamentos que son imprescindibles  para resolver  problemas de salud que pueden conducir a la muerte.

Mientras las mezquindades e intereses de sectores  retrasan el establecimiento de un verdadero sistema de seguridad social que cubra sin exclusión a los dominicanos, el país sigue todavía en la patética realidad de que la falta de dinero impide a muchos el acceso a servicios muy especializados.

El doctor Pedro Ureña Velásquez, director del Departamento Cardiovascular del Centro de Diagnósticos y Medicina Avanzada (Cedimat)  acaba de resaltar esta tragedia social.

Para miles de dominicanos, la ciencia moderna no existe; esa que trata los problemas  cardíacos y otros quebrantos graves con instrumentos  y tecnologías de última generación.

Se trata de procedimientos de salvación demasiado costosos. Solo los sectores de ingresos altos y medios -que constituyen un sector minoritario- pueden llegar hasta ellos, salvo que aparezca la caridad de instituciones y personas ricas, o el altruismo de médicos dominicanos y extranjeros, que cíclicamente atienden a enfermos de manera desinteresada.

Como se trata de una generosidad  que no alcanza, son muchos los pacientes que anualmente pasan a la condición de desahuciados.

Un sistema de seguridad social que llegue  genuinamente a todos  los pobres salvaría miles de vidas en este país, y es el Estado el que tiene, en primer orden, la obligación de convertirlo en realidad.

La economía dominicana crea suficiente riqueza  y aportes fiscales para  acabar con la exclusión en materia de salud. Solo ha faltado  que el gobierno se empantalone para llenar tan lacerante vacío.

Dilema

Si hay un beneficio  que la sociedad debe recibir por  la supresión de barreras arancelarias es que pasen a abundar las oportunidades de adquirir a precios menores, muchos productos de todo género, y en particular  los  artículos farmacéuticos, que  en el pasado estuvieron excesivamente gravados.

La industria dominicana de medicamentos se queja  a través de algunos de sus representantes autorizados de que los bajos costos de producción de China y La India  le ocasionan una competencia perjudicial, pues sus productos, vía la importación, están llegando al mercado nacional con niveles de precios favorables al consumidor.

Tratándose de un renglón  vital como es la salud, en un país poblado  mayoritariamente por familias de bajos ingresos, la solución a un problema local de competitividad no debiera pretenderse con la reposición de gravámenes que encarezcan precios de artículos de primerísima  necesidad.

Cualquier sugerencia en tal sentido tendría que ser desestimada.

Vale reconocer que el sector farmacéutico industrial debe estar protegido contra los factores locales que encarecen sus costos, como serían la tarifa eléctrica y los impuestos que graviten sobre insumos y materias primas.

Probablemente se justificaría exceptuar la fabricación de fármacos de presiones impositivas y de  altas tasas financieras. Sería bienvenida toda medida que en ese sentido contribuya  a que esas industrias  locales puedan producir tan barato como China y La India.

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