El debate de turno se enfoca en la falta de protección a la propiedad. Se fundamenta en el hecho deplorable de que el Ministerio Público no tiene facultad para someter directamente a quienes invaden terrenos, sean públicos o privados.

Hay quienes defienden que la Policía Nacional arreste y someta a quienes sean sorprendidos en el momento de invadir una propiedad, pero se deja en la incertidumbre lo que procedería si ya se ha consumado la ocupación. En cualquier sentido, ciertamente existe la necesidad de hacer modificaciones de orden legal y jurídico para una mejor protección del derecho de propiedad, que es uno de los pilares de la democracia moderna.

La falta de una auténtica protección del derecho de propiedad es una de nuestras debilidades en materia de garantías jurídicas. Mucha gente ha tenido que litigar durante años, en muchos casos inútilmente, tratando de recuperar terrenos invadidos por terceros. Hemos confrontado serios problemas en el ámbito del registro de propiedad y muchos inversionistas con proyectos ambiciosos han sido ahuyentados por temor a estas debilidades. No se trata solo de la necesidad de garantizar la recuperación de bienes, sino también de castigar en el ámbito de lo penal  la consumación de invasiones de terrenos, independientemente de las implicaciones de orden civil. Hay que fortalecer el derecho de propiedad.

Un bien estratégico

La carestía de alimentos obliga a rediseñar estrategias de mercado. Vietnam, Thailandia y China, los mayores productores de arroz, están restringiendo sus exportaciones de este cereal como parte de una estrategia que prioriza el abastecimiento interno en medio de una carestía universal de alimentos. En la materia que nos ocupa, para las economías de estos países tiene mayor peso específico el aspecto social y humano que el comercial y mercantil.

Nosotros deberíamos copiar ese esquema y diseñar una estrategia que permita dosificar el trasiego de arroz hacia Haití, aún cuando está de por medio un asunto de rentabilidad difícil de soslayar. Hay que actuar para evitar que arroz subsidiado para el consumo interno vaya a parar al mercado haitiano a través de redes de intermediación, aparte de que es preciso crear condiciones para garantizar la rentabilidad de los productores. Tenemos que ver el arroz como un bien estratégico.