Un acuerdo a que llegaron funcionarios del gobierno y los generadores de electricidad el 11 de febrero pasado pone en evidencia que en la República Dominicana sólo se respetan los derechos adquiridos cuando los beneficiarios de esos derechos son las empresas extranjeras, pero no ocurre lo mismo cuando son empresas dominicanas.

Esto era lo que percibían ayer empresarios tras conocer el contenido de ese acuerdo, a sabiendas de que no podrían mantener sus inversiones en autogeneración porque no serían rentables, en caso de que se les elimine la exoneración del combustible utilizado en sus plantas, para beneficiar a los generadores.

En referido acuerdo, que no había sido dado a conocer a la opinión pública, se estableció gestionar la eliminación de la exoneración para el combustible que utilizan las empresas dominicanas que han hecho inversiones en autogeneración de electricidad, al amparo de la legislación vigente.

Esa medida implicaría, de acuerdo a empresarios consultados, «echar por la borda las reglas de juego en que se apoyaron las empresas dominicanas para invertir en autogeneración de electricidad».

Se cuestionó que las empresas generadoras, que durante todo el proceso de capitalización estuvieron reclamado respeto por los derechos adquiridos, incluyendo algunos cuya legalidad era cuestionable porque no se amparaban en leyes sino en medidas administrativas, estén ahora firmando un documento en el cual se proponen desconocer los derechos adquiridos de las empresas dominicanas que tienen inversiones en autogeneración, realizadas al amparo de la legislación vigente.

Se recordó que después de muchos años en que las empresas dominicanas no pudieron disfrutar de los derechos establecidos en la ley general de electricidad para los autogeneradores, porque se les impidió a través de medidas administrativas, como el tristemente recordado peaje, establecido por resolución la Superintendencia de Electricidad para complacer a los generadores, finalmente a las empresas dominicanas se les permitió invertir en autogeneración, en cumplimiento de la señalada ley.

El único incentivo para que las empresas dominicanas invirtieran en autogeneración es la exoneración del combustible, establecido en la Ley de Hidrocarburos, pero aún así están desventaja frente a los generadores que reciben una mayor protección.

Pero ahora, se quiere reeditar la política de sacar de competencia a las empresas las empresas dominicanas con inversiones en autogeneración, para obligarlas a adquirir la energía que producen los generadores, a los precios que ellos dispongan.

«El objetivo es el mismo que se buscaba con el peaje: impedir que las empresas dominicanas puedan autogenerar electricidad, para que estén obligadas a comprársela a los generadores, a los precios que ellos dispongan», se explicó.

Se comentó que «es inconcebible que las reglas se juego sólo se respetan cuando benefician a las empresas extranjeras, aún en detrimento de una gran cantidad de empresas, cuyo delito parece ser que son dominicanas».

Ante esa situación, sectores económicos locales se pregunta que «de dónde nace esa capacidad de convencimiento tan extraordinaria que tienen los generadores para lograr tantas concesiones en su beneficio, en perjuicio de las empresas dominicanas».

Algunos de los empresas consultados dijeron que no logran entender cómo los generadores pueden convencer a funcionarios del gobierno para que se intenten adoptar medidas que sólo toman en cuenta el interés de los generadores de conquistar mayor protección a costa de la competitividad de las empresas dominicanas.

Se explicó que mientras muchas empresas dominicanas han decidido invertir en autogeneración en un esfuerzo de última instancia para impedir ser sacadas del mercado, algunos generadores lograron recuperar toda su inversión original en menos de tres años, a pesar de que lo razonable es que la inversión en el sector eléctrico, que es a largo plazo, se recupera entre 15 y 20 años.

«Sin embargo, los generadores quieren más, y el temor es que su capacidad de convencimiento les permita pasar una medida que implicaría para más de 53 empresas dominicanas perder una inversión de más de 240 millones de dólares en más de 200 megavatios», se explicó.

Se indicó que la generación en conjunto de los autogeneradores es mayor que algunos de los generadores firmantes del señalado acuerdo.