La OEA tiene en la confrontación entre República Dominicana y Haití la obligación de apuntalar los principios que le dan origen y vigencia a ese organismo regional. La carga de infundios y mentiras contra el Estado dominicano, que una y otra vez Haití ha llevado ante esta sede, deberá quedar desmontada a partir de las comprobaciones que se propone hacer la misión de la OEA que visitará ambos países desde mañana viernes hasta el martes.

Queda en evidencia que el Gobierno haitiano actuó deliberadamente al no proveer de documentación de identidad a sus súbditos residentes ilegales en la República Dominicana, y lo hizo con el pecaminoso propósito de desnacionalizar a esa gente y dejarle al Estado dominicano la carga de supuesta apatridia resultante. El Gobierno haitiano desnudó su intención al negarse a recibir a sus súbditos que voluntariamente han regresado a su país.

Ahora más que nunca, el Estado Dominicano debe esforzarse por hacer valer sus derechos de soberanía, actuando con absoluto respeto de los derechos humanos, pero rechazando toda injerencia aviesa. Es correcta la posición dominicana ante la OEA, de acoger a una misión de ese organismo, pero rechazar que formen parte de ella los países integrados al tinglado contra los derechos de soberanía de un Estado libre e independiente como el nuestro.

En defensa de los asegurados

Los aumentos unilaterales de tarifas médicas y la imposición de pagos adicionales o copago en perjuicio de los afiliados del Seguro Familiar de Salud constituyen violaciones inadmisibles a contratos formales de servicio que comprometen la responsabilidad de los médicos a través de las ARS y las clínicas. De ahí que sea oportuna y razonable la intervención de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) contra esta práctica de especialistas médicos contra los asegurados.

La seguridad social, que todavía acusa insuficiencias, no puede estar a merced de prácticas unilaterales que perjudiquen, en vez de mejorar, las atenciones a los asegurados. Las alzas impuestas caen en la categoría de las violaciones que tienen que ser rechazadas enérgicamente y descontinuadas de una vez por todas.