Los derechos de los niños y las niñas son abordados frecuentemente por instituciones vinculadas a la protección de la niñez en el país.

La difusión de estos derechos en campañas y en centros educativos se encuentra con barreras culturales que envuelven muchas veces al personal directivo de centros, docente, padres/madres, medios de comunicación, dirigentes comunitarios/as y a los mismos niños y niñas.

“Yo tengo derecho a respetar a los mayores y a portarme bien”. Esa es una expresión frecuente entre niños y niñas, así como la referencia a labores domésticas (en el caso de las niñas) o a tareas de apoyo a las actividades que desarrolla la familia. Esta expresión muestra no solo desconocimiento sino confusión entre derechos y deberes.

Aún cuando niños y niñas son maltratados en sus hogares con pelas continuas, estos/as no identifican las pelas como una violación a sus derechos sino que tienden a legitimarlas porque “nos portamos mal”. “Uno se merece las pelas porque si uno se porta mal los padres tienen que pegarle a uno”. “Me dieron muchos fuetazos con una correa y yo me lo merecí porque me porté mal”.

El desconocimiento de los derechos en la población infantil los convierte en vulnerables al abuso y a su legitimación. El niño o niña que desconoce de sus derechos y se mantiene legitimando la violencia que recibe de padres/madres y de sus maestros/as se desarrolla en el miedo, se convierte en una persona incapaz de defenderse ante las agresiones que pueda recibir de su cónyuge o de su patrón, o de la policía o de una persona cercana.

La internalización de la violencia como algo normal porque “me lo merezco” o se lo merecen mis hermanitos/as convierte a muchos niños y niñas en agresores en su etapa adulta.

En el caso de las familias hay resistencia de abordar los derechos de la niñez porque se considera pérdida de autoridad frente a sus hijos e hijas con una idea errónea de que si sus hijos/as conocen sus derechos se convierten en delincuentes y en personas sin respeto a la autoridad. Esto es totalmente falso, porque la población que delinque no conoce sus derechos y sufre o ha sufrido violencia de padres/madres y docentes al igual que el resto de nuestra población infantil y adolescente.

Lograr que la población infantil se empodere frente a sus derechos favorece a la formación de agentes de cambio social y político en nuestro país que se resistan a los abusos que sufren en la cotidianidad desde distintos sectores de su entorno social y político.