La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) le exige al Procurador General de la República el cierre inmediato de la cárcel preventiva de San Pedro de Macorís.

«Nuestra solicitud se fundamenta sobre lo que hemos podido comprobar en el curso de una visita realizada a la misma el pasado miércoles 6 de junio por una comisión integrada por nuestro presidente Manuel María Mercedes Medina, por el vicepresidente nacional por la Región Este Rafael Ureña y por el presidente de la filial de San Pedro de Macorís, Martín Santana», indican en una nota de prensa.

Al mismo tiempo resaltan que “en dicha visita hemos podido ser testigos de las violaciones fragrantes de los derechos humanos de los internos que allí se cometen y de hecho la misma representa una ofensa a la dignidad humana de los privados de libertad que allí se encuentran”.

Según Derechos Humanos esta cárcel que fue construida para albergar 30 privados de libertad y donde en la actualidad se encuentran más de 200 presos preventivos en condiciones infrahumanas que deberían estar de tránsito, mientras su permanencia es indefinida ya que la presencia de ellos alimenta un negocio mafioso de cobros de tarifas.

Manuel María Mercedes Medina, ofreció una lista con los supuesto costos ilegales que tienen que pagar las familias que tienen algún detenido en esa cárcel:

Para pararse en al puerta de acceso hay que dar 100 pesos
Para hablar con un familiar son 200 pesos
Para entrar a la preventiva son 1,500 pesos
Pago semanal por estadía son 600 pesos
Pago semanal por la celda que tiene cama y aire condicionada son 5,000 pesos
Pase de alimentos son 1,000 pesos
Entre otros cobros ilegales

Además, el presidente de la comisión que han comprobado que que hay alrededor de 30 privados de libertad que por no poder cumplir con el pago de la garantía económica que va desde 2 mil pesos hasta 20 mil , llevan hasta un año de reclusión.