Derechos Humanos solicita la destitución  del jefe  PN

Derechos Humanos solicita la destitución  del jefe  PN

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó ayer al presidente Leonel Fernández, vía consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, la destitución del jefe de la Policía, por las ejecuciones “extrajudiciales” de unas   500 personas.

Manuel María Mercedes advirtió que el 14 de este mes esa entidad someterá a una delegación de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe con pruebas de la violación de cuatro derechos ciudadanos por las autoridades dominicanas.

Mercedes, al ser entrevistado por HOY, advirtió que por las violaciones a los derechos humanos, el Estado  podría ser sancionado por la CIDH, cuya sede se encuentra en Washington.

El presidente de la CNDH consideró que el país podría salir mal parado en materia de violación de los derechos humanos si no tomas las medidas pertinentes, tales como la destitución del jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

Además,  la orden de investigar todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, cuyos afectados en su mayoría son jóvenes sin antecedentes judiciales, para que los culpables  sean traducidos a la justicia.

Violación a derechos. Mercedes dijo que los cuatro aspectos que someterán ante la delegación de la CIDH, la cual estará en el país del 13 al 17 de este mes, son evidencias de la violación e irrespeto al derecho a la vida; los casos de los desalojos con la complicidad del Estado, las precariedades y hacinamiento del sistema penitenciario y la violación de los derechos humanos a los dominicanos de ascendencia haitiana a través de la circular 0017 de la JCE.

De acuerdo con informes de prensa, unas 25 personas han caído a manos de la Policía en los últimos días, por  alegados intercambios de disparos.

Responde al procurador. Asimismo, el presidente de la CNDH calificó desafortunadas las declaraciones del procurador general  Radhamés Jiménez, de favorecer la línea dura de la Policía.

En ese sentido, consideró que  evidencian que se trata de una política de Estado para las ejecuciones extrajudiciales.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas