La posibilidad de crear partidos no puede estar cerrada a cal y canto solo porque  algunos entiendan que los que ya están  reconocidos son suficientes. Esa sería una forma de proteger demasiado de competencia  a los que ya están.

Se encuentran vigentes   unos requisitos para que cada quién demuestre que merece o no un lugar en el sistema de partidos. Cualquiera que finalmente  califique, debe entrar.

Sin responder a favoritismos ni acogerse a recomendaciones impartidas tras bastidores, la Junta Central Electoral  ha de tener siempre la última palabra, y si tiene que hacerlo una y otra vez respecto de      determinados casos, debe hacerlo.

Hay ciudadanos que se pasan años y años acudiendo al consulado de los Estados Unidos en busca de visa. El rechazo nunca significa que no podrán volver a las ventanillas.

Se admite que en República Dominicana  aparecen unos entes que aspiran –a veces sin suficiente idoneidad- a alguna personería partidaria. Puede que alguno esté en el predicamento de alcanzar un lucro fácil, sobre todo ahora que por ley el dinero del contribuyente debe fluir a las arcas de los partidos reconocidos.

Pero para tomar decisiones  trascendentales no podemos estar sometidos a   criterios demasiado influidos  por los malos usos de la política, la “ciencia más pura y la más digna” a juicio de Juan Pablo Duarte.

Ni partir  cerradamente del supuesto de que el establecimiento de más partidos sería negativo para el país.

Cada vez que algún sector ciudadano o entidad nueva quiera probar que es numérica y moralmente calificado para terciar en elecciones, se le debe someter al proceso de evaluación que corresponde.

En lo que no debe ceder nunca la JCE es en verificar de manera estricta y escrupulosa  si la probidad y  la suficiencia son reales, no  un engaño.

Contrasentido

El gobierno del Presidente Leonel Fernández aspira a distinguirse y pasar a los anales como una administración que abre muchas puertas y da sustentación a la introducción y desarrollo de la informática.

Pero los diputados de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo y José Ricardo Taveras, han señalado, entre otras situaciones, que en tiempo reciente se restablecieron en el país, con poca transparencia y respeto a la institucionalidad, impuestos considerados onerosos a las computadoras personales, sus partes, accesorios y programas

Es decir: se han dado pasos que van en contra de que la modernidad de las comunicaciones y los amplios y revolucionarios recursos de la electrónica  estén completamente accesibles a la gente.

Individualmente o en participación colectiva, los dominicanos tienen que disponer cada vez más del computador y de Internet.

Sin esos medios ampliamente a disposición, no habría forma de impulsar la competitividad en un mundo que se transforma velozmente con avances tecnológicos.

Los equipos  esenciales de la informática deben estar libres de impuestos. Ninguna medida administrativa, ni la aplicación confusa de leyes vigentes, deberían obrar en  contra de  la  adquisición a precios  favorables  de esos bienes, herramientas elementales para el progreso.