La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, como recurso extremo, el derecho de los pueblos a rebelarse contra sus opresores.

Entiéndase bien, lo reconoce como recurso último después de haberse agotado todos los medios institucionales previstos en el orden sucesoral para tratar de neutralizar el oprobio y sus causas.

 Estas pautas nos hacen comprender que el poder de los derechos y su ejercicio oportuno  tiene como  contrapeso los deberes, el respeto de las normas de coexistencia previstas, en un indisoluble vínculo de reciprocidad.

En los derechos humanos, como en otras pautas consustanciales al individuo, el ejercicio tiene que guardar justas proporciones para que los resultados tengan legitimidad y aceptación.

II

El derecho a la protesta que ampara a los individuos y sus organizaciones opera de manera similar. Se le ejerce como recurso extremo, después de agotados los medios establecidos en las pautas de  convivencia social.

A la huelga, como ejercicio del derecho a la protesta, no se puede llegar sin agotar los medios de la negociación y la concertación y, sobre todo, sin que estén debidamente validadas las causas de la protesta.

Cuando escuchamos decir que terminó el tiempo para dialogar estamos en contacto, no solo de un emplazamiento unilateral para un recurso que debe ser permanente, sino además ante un desfase en el agotamiento de los recursos previstos.

Y no puede haber un cambio de las normas de convivencia decidido unilateralmente, sin tomar en cuenta a quienes van a resultar afectados por los medios de protesta, en este caso la huelga.

III

Por esa razón tiene mucha validez el argumento de federaciones y asociaciones comerciales que se declaran opuestas a la huelga convocada para hoy. Hay, en esta posición, un ejercicio al derecho de proteger la integridad de los bienes y recursos habidos legal y legítimamente.

 Pero la correlación entre los derechos y los deberes implica compromisos que los políticos deben manejar con mucha cautela, para no dejarse arrastrar a compromisos de respaldo a actitudes y decisiones con  desprecio por  las vías de concertación.

Esta cautela de los políticos debe extremarse en el caso de que, como ahora, haya entre las demandas aspectos tan irracionales como pedir la prohibición del desalojo de personas que ocupen propiedades ajenas o del Estado. Por absurda paradoja con esta demanda se ejerce el derecho a la protesta para exigir el desconocimiento del derecho de propiedad.

IV

En resumidas cuentas, la causa no podía estar en peores manos, pues se desdeñan todos los medios previstos para la concertación y se insiste en la paralización del país con un pliego de demandas que incluye absurdos.

Probablemente los huelguistas reclamen como éxito de su causa el hecho de que gente temerosa de ser agredida se haya quedado involuntariamente en sus casas, aún deseando asistir a sus deberes.

Los derechos tienen contrapartida y proporciones, no lo olvidemos.