Apoyo y rechazo concita la derogación de la Orden Departamental 33-19 que establece prioritaria el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación.

Profamilia mostró preocupación y consideró que al dar marcha atrás a una decisión para “desarrollar una educación no sexista, en un ambiente de respeto a las diferencias, libertad y convivencia pacífica y sin estereotipos de género”, la institución debe presentar alguna alternativa para responder a los mandatos de igualdad y equidad.

“Los derechos humanos son progresivos por disposición constitucional, por lo que no se concibe un retroceso de este tipo”.

Indica que una política de igualdad y equidad en el Ministerio es fundamental para atender, disminuir y erradicar la violencia escolar, que presenta unos índices escandalosos y es un obstáculo en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes para una ciudadanía menos violenta.

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En tanto, Raquel Rivera, coordinadora del movimiento feminista Hermanas Mirabal, dice que no le sorprende la actitud, de “un sistema patriarcal y discriminatorio” y ante un gobierno clasista que representa a la oligarquía.

Dijo que eliminar la política de género de las escuelas e impedir las tres causales para permitir el aborto en el Código Penal es el interés del mismo grupo de poder.

“Pero nosotras seguiremos defendiendo lo que creemos”, indicó.

El diputado Elías Wessin Chávez aseguró que la orden establecía la implementación de la ideología de género en el sistema educativo, mediante la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo del Minerd en las escuelas y las instancias regionales y distritales.

Entiende que es acomodaticia sobre el derecho a la igualdad que establece la Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la propia ley de Educación y los compromisos internacionales del Estado de cumplir los pactos en esta materia.

“Es contraria a los principios y valores de la familia, carece de bases científicas que la soporten”.