El director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios y Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE), Enrique Fernández afirmó ayer que después de negociado el DR-CAFTA no se deben cambiar las reglas en torno a la Ley 173 y advirtió que si se desconocen los derechos consignados en esa legislación muchas empresas del país perderían centenares de miles de millones de pesos en activos.

Fernández explicó que en el DR-CAFTA se le incorporó el anexo 11.13, que establece que a partir de implementación de ese tratado de libre comercio, para que los convenios futuros con empresas americanas o controladas por americanas puedan quedar al amparo de la ley 173, debe establecerse en los nuevos contratos que están cubiertas por ella.

Sin embargo, explicó que no se tocaron los derechos que concede esa ley a las empresas que tengan contratos firmados previos al inicio del DR-CAFTA.

Explicó que la promesa que había hecho el gobierno  era que esa ley no iba a ser tocado, pero la tocaron, y ahora pretenden aniquilarla, a pesar de que en lo acordado en el DR-CAFTA no se cambiaron las reglas para los contratos que hayan sido firmados antes de la entrada en vigencia de ese acuerdo.

Dijo que lo que se pretende es cambiar las reglas de juego de lo negociado en el DR-CAFTA. No obs tante, aclaró que en lo negociado hay una parte gris, que en lo que tiene que ver con las renovaciones de contratos.

Exhortó a las empresas que sirven como agentes o representantes locales de empresas o marcas extranjeras, que cuando renueven se aseguren de que en el nuevo contrato se establezca que queda cubierto por la Ley 173, para que no se alegue después que estas renovaciones son posteriores a la entrada en vigencia del DR-CAFTA y que, consecuentemente, no estarían amparadas por la ley.

Las empresas deben buscar una buena asesoría para asegurarse que quede establecida la continuidad del contrato y de que está cubierto por el DR-CAFTA, agregó Fernández.

Dijo no entender por qué los Estados Unidos quieren una nueva ley, si el DR-CAFTA es más que un ley y está por encima de todas las leyes.

En cuanto a las pérdidas financieras que ocasionaría el desconocimiento de la Ley 173, recordó que la venta de la Delta Comercial por parte del Grupo Peynado al grupo Najri, constituyó la transacción mas grande que se había hecho en el país hasta ese momento, de casi RD$2,000 millones, y que lo que se estaba traspasando era la marca Toyota.

Dijo que esa activo intangible, antes de la venta de la empresa no estaba en sus estados financieros.

Afirmó que si se borrara la ley 173, sólo en el sector vehículos, entre 300 y 400 compañías podrían perder cada una RD$1,000 millones en promedio. El hoyo de Banínter se quedaría corto ante lo que  significaría borrar la ley 173, y concederles a las fábricas de Estados Unidos ese activo, que para ellas sería un pasivo, explicó Fernández.

Afirmó que es inaceptable la pretensión de los que quieren que se elimine la Ley 173 porque “cuando se hace un negocio y uno se faja a trabajar una línea, lo hace sobre la base de que la inversión está protegida y de que no van a cambiar las reglas de juego”.

Dijo no explicarse porque quieren eliminar la Ley 173, ya que lo que ésta hace es definir con cuánto tiene el fabricante o dueño de marca que compensar al concesionario, en caso de una ruptura de relación.

Agregó que la ley establece unos parámetros aritméticos para determinar con lo que hay que resarcir al agente local o concesionario.

No obstante, dijo que la Ley permite que la distribución sea exclusiva o no exclusiva, y que se rescinda el contrato en base al pago de una compensación.

Además, señaló que si no se mueve una línea, el concedente puede quitarla sin compensación.

Consideró que para los propios fabricantes tener la ley es mejor que no tenerla, aunque ellos no lo ven así.

Explicó que aun cuando no haya ley, van a seguir produciéndose las litis, y que entonces va a ser el juez quien en cada caso va a definir los parámetros.

Consideró que esto puede resultar para el fabricante o dueño de marca peor que con la ley.

Dijo que los parámetros que establece la Ley permiten a las partes sentarse a negociar.