Desacreditar a la Junta Central Electoral (JCE) es una práctica vieja y nociva. Ha devenido en un peligroso juego político jugado alternativamente por los grandes partidos del sistema durante sus respectivos roles de oposición, siempre con el apoyo transmutable de la influyente sociedad civil, interesada en crecer a expensas del descrédito de las cúpulas partidarias.

Tres de los últimos cuatro presidentes de la JCE han sufrido los peores infundios lanzados desde la oposición y los poderosos agazapados detrás de grupos que, como Participación Ciudadana, se arrogan el derecho a controlar los procesos electorales hasta llegar a la suplantación, como ocurrió en el 2004, del propio tribunal electoral.

¿Qué tienen en común Manuel Ramón Morel Cerda, Luis Arias y Roberto Rosario, aparte de sus cualidades jurídicas? Que la oposición y la sociedad civil han pretendido aniquilarlos injustamente.

Los dos primeros presidieron la JCE cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) controlaba el Senado 1998-2006), mientras que Rosario es el actual incumbente desde año pasado.

A Morel casi lo suplantaban sino renunciaba. A Arias lo sustituyó “una Comisión de Notables” encabezada por el Embajador de Estados Unidos en el momento cumbre de la elección del 2004. Entre 2006 y 2010 dirigió la JCE Julio César Castaños Guzmán, un atildado jurista que se libró de las arrogantes embestidas de la sociedad civil. ¿Cuál será el destino de Rosario?

La lucha que hoy modera Monseñor Agripino Núñez se resume así: oposición y sociedad civil no han presentado evidencias incriminatorias para justificar la cancelación de Franklin Frías del Centro de Cómputos; parece que las denuncias del PRD contra la JCE aumentan en proporción al descenso en las encuestas de su candidato Hipólito Mejía; Participación Ciudadana nuevamente hace la metamorfosis hacia opositora al gobierno de turno, que, a su vez, juega su juego para ganar la próxima elección.