A partir del 27 del presente mes entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, una iniciativa que modificará sustancialmente el estilo de persecución y castigo del crimen y el delito en la República Dominicana.

Desde noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia adelantó la aplicación de algunas de las reformas contenidas en el nuevo Código, de modo que las autoridades policiales y algunas del ámbito judicial se fuesen adaptando a los cambios.

Hay que decir, con toda honestidad, que las pautas adelantadas desde entonces no han sido plenamente acogidas, que siguen siendo frecuentes los arrestos de personas sin orden judicial, sin identificación formal de quienes practican el arresto y sin que les sean notificados sus derechos al detenido; que se sigue denegando en los destacamentos el derecho a una llamada telefónica, que el interrogatorio policial se sigue practicando sin presencia de los defensores de los detenidos, que se continúan realizando los odiosos «operativos» que implican arrestos indiscriminados de personas mayormente jóvenes y que no siempre las investigaciones son dirigidas por representantes del Ministerio Público, para solo citar algunos casos.

La preponderancia de la Policía no ha sido vencida por el papel protagónico que debe tener el Ministerio Público en cada investigación. En los destacamentos policiales, pocas decisiones que comprometan la libertad de las personas son tomadas por el Ministerio Público o por consentimiento previo de éste, o de acuerdo con sus pautas.

En el ámbito judicial también ha habido sus tropiezos, aunque menos y de menor relevancia que los que conciernen al plano policial.

A juzgar por los inconvenientes que ha habido para hacer cumplir las pocas pautas adelantadas por la Suprema Corte desde noviembre del 2003 y faltando solo dieciséis días para que entre en vigencia a plenitud el Código Procesal Penal, son muchos los esfuerzos que faltan para que la sociedad perciba el salto cualitativo que estas iniciativas garantizan.

Hará falta, suponemos nosotros, que se forme un equipo de seguimiento para que, sobre la marcha, detecte las fallas y proponga las correcciones adecuadas. El Código Procesal Penal es un paso de avance de cuyo éxito todos debemos sentirnos compromisarios.

Cuentas claras

La Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT), a la que se reputa autoridad suficiente, ha dispuesto rebajas en las tarifas de pasajes urbanos e interurbanos.

Sin embargo, unos sindicatos de transportistas desafían esta disposición y dicen que no rebajarán los pasajes.

Quienes así actúan son los mismos que han subido los pasajes cada vez que aumentan la gasolina y el gasoil, a pesar de que sus unidades de transporte operan con gas licuado de petróleo subsidiado para que puedan adquirirlo a precio fijo de RD$25 por galón. Es decir, con la misma desfachatez que inflaron los precios de los pasajes, ahora dicen que no los abaratarán.

La OTTT debería hacer valer su autoridad en este asunto de su competencia y requerir formalmente, en lo que se averigua el caso, que la Contraloría General de la República le de una revisadita a las cuentas de estos grupos con el desacreditado Plan Renove, a ver qué dicen los números.