En la República Dominicana, las contrataciones públicas son un campo vital donde se entrelazan los intereses del Estado, los proveedores y, lo más importante, los ciudadanos. Sin embargo, en un año electoral, esta dinámica adquiere un matiz particularmente crítico. Es en estos momentos cuando se agudiza la necesidad de establecer mecanismos de control y fiscalización más estrictos que nunca, dada la tentación de utilizar recursos del erario para fines políticos, como la financiación de campañas electorales.

En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de la democracia, la gestión de las contrataciones públicas se convierte en un reflejo directo del compromiso del gobierno con estos principios. Sin embargo, la realidad nos enfrenta a una serie de desafíos que amenazan la integridad de este proceso, especialmente en períodos electorales.

Uno de los problemas más graves que se puede presentar es el uso indebido de los recursos públicos con fines partidistas. Es lamentablemente común ver cómo los fondos destinados a proyectos de interés público terminan siendo desviados para financiar campañas políticas. Esta práctica no solo socava la confianza en las instituciones gubernamentales, sino que también distorsiona el juego democrático al favorecer a ciertos actores políticos en detrimento de otros.

Es fundamental comprender que cada peso desviado de su propósito original representa una oportunidad perdida para el desarrollo del país. Las obras de infraestructura que quedan inconclusas, los servicios públicos que no se prestan adecuadamente y las necesidades básicas de la población que no son atendidas, son el costo humano y social de la corrupción en las contrataciones públicas.

En este sentido, es imperativo que se establezcan mecanismos de control y fiscalización más rigurosos y efectivos. La transparencia debe ser una norma no negociable en todas las etapas del proceso de contratación, desde la planificación y selección de proveedores hasta la ejecución y evaluación de los contratos. La rendición de cuentas debe ser una obligación tanto para los funcionarios públicos como para los contratistas, quienes deben estar sujetos a una supervisión constante por parte de órganos independientes y ciudadanos vigilantes.

Además, es necesario fortalecer las instituciones encargadas de velar por la integridad en las contrataciones públicas, dotándolas de los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir eficazmente su misión. Esto incluye la capacitación continua del personal, el uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar la gestión de datos y la cooperación con organismos internacionales y la sociedad civil para promover buenas prácticas y estándares internacionales.

Por otro lado, es fundamental promover una cultura de ética y probidad tanto en el sector público como en el privado. Los funcionarios y empleados deben entender que están al servicio de la ciudadanía y que el uso indebido de los recursos públicos no solo es un delito, sino una traición a la confianza de aquellos a quienes juraron servir.

Las contrataciones públicas en un año electoral representan un desafío crucial para la democracia dominicana. Más que nunca, se requiere un compromiso firme por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto para garantizar que estos procesos se lleven a cabo de manera transparente, equitativa y eficiente. Solo así podremos construir un Estado verdaderamente democrático y al servicio de todos los ciudadanos.