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La designación de Celso Marranzini en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) tiene potencial de trascendencia. Destituir a Radhamés Segura crea la posibilidad de cambiar unas reglas institucionales que han envenenado a la CDEEE y al sector eléctrico. Es de suponerse que Marranzini haya negociado, por lo menos, amplio espacio de autonomía en la gestión para estabilizar financiera, administrativa y técnicamente el holding eléctrico estatal, ya que los desafíos son inmensos.
Aparte del saneamiento administrativo elemental, pero preñado de problemas (ya enfrenta teorías conspirativas de black-out y a la maquinaria clientelista partidaria), hay otra agenda mucho más importante que se centra en el papel de la CDEEE en el sector eléctrico. ¿Retomará Marranzini el sendero iniciado en 2000 de combinar la reducción de su tamaño con la mejora de su eficiencia? ¿Corporativizará de forma coordinada la filial hidroeléctrica y de transmisión de la CDEEE? ¿Despolitizará los objetivos y funciones originales del Plan de Reducción de Apagones (PRA)? ¿Tomará distancia con respecto a la Superintendencia y dejará que esta realice su trabajo con mayor independencia? ¿Racionalizará los proyectos de inversión en un marco de coordinación sectorial de largo plazo? ¿Irradiará confianza en la comunidad de inversionistas domésticos y extranjeros a través de políticas y acciones sensatas y maduras? Veamos estos temas por parte.
Achicar y corporativizar
Los objetivos deben ser claros y para ello ya no es suficiente aquel cliché de apegarse a la Ley de Electricidad, ya que la misma fue contra-reformada en 2007 y, además, no contempla una guía precisa sobre los segmentos importantes que se han agregado posteriormente (el PRA y las empresas distribuidoras re-estatizadas). Pero comencemos por lo que sí está contemplado. Las empresas de generación hidroeléctrica y de transmisión deberán ser corporativizadas y su gestión debe producirse en un amplio espacio de autonomía e independencia. Esto involucra serios riesgos, ya que el ambiente institucional en estas empresas está profundamente contaminado (empleados politizados, así como funcionarios y consejos directivos de dudosa competencia) y la independencia será utilizada para bloquear iniciativas de eficiencia y racionalización. Marranzini deberá decidir si juega bajo estas reglas, lo cual consumirá mucha energía y tiempo sin seguridad de resultados, o si convence al presidente Fernández para el nombramiento de consejos directivos más competentes e identificados con la misma estrategia global.
También existe la solución tradicional de los holdings privados, esto es, entrelazar la membresía de los consejos con un pequeño grupo de personas competentes, serias y comprometidas a cumplir una estrategia común (y fue la política en 2000-2004, presidido por un capitán de industria, don Rafael Perelló, con excelentes resultados).
El tema de fondo es que habrá que revisar y hasta rediseñar los proyectos de inversión de estas empresas de acuerdo a los planes de expansión del sector en su conjunto. En el caso de la transmisión, de la que dependen en mucho todas las empresas privadas del sector, no solo se requiere una alta dosis de coordinación sectorial con dichas empresas, sino que se deberá imprimir celeridad a las inversiones ya iniciadas (contando con financiamiento asegurado) que inexplicablemente aun no se ponen en operación (caso autopista eléctrica a Santiago es el más visible y crónico).
En el caso de la empresa de generación hidroeléctrica, esta será una excelente oportunidad para implementar una auditoría forense que explique satisfactoriamente el excesivo costo del proyecto Pinalito, al tiempo que se revisan y racionalizan los demás proyectos para contrarrestar cualquier contagio con los mismos errores (débil supervisión por compañías no enteramente independientes, cambios de diseño sin estudios que garanticen factibilidad económica).
Renegociación de contratos. Marranzini debe romper drásticamente con la política insensata de su predecesor de, por un lado, solicitar, negociar y otorgar nuevos contratos de compra y venta de energía (PPAs) y, por el otro, presionar hasta la confrontación pública y privadamente para la renegociación de los viejos contratos (IPPs y Acuerdo de Madrid).
La época de las grandes renegociaciones ya pasó, lo que falta por renegociar no vale la pena que se interponga en el camino bloqueando la negociación o inducción de las tan necesarias nuevas inversiones que requiere el sector desde hace muchos años. Veamos algunos ejemplos.
El contrato de Generadora San Felipe (ex Smith-Enron) se vence en unos dos años y es la misma empresa la que debería estar interesada en negociar una extensión a cambio de nuevas inversiones (conversión a gas natural, por ejemplo) y una rebaja sustancial de precio.
La Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís (CESPM, ex Cogentrix) parece haber llegado a un arreglo privado con AES para la conversión a gas natural de sus plantas. Aunque no se conocen los detalles, esto induce a una reducción del costo de la energía que CDEEE le debe comprar a través de su contrato.
En el caso de los contratos bajo el Acuerdo de Madrid, según fue planificado, estos se han comenzado a desmontar desde 2004 y ya hay una significativa porción de la demanda de energía actual de más del 50% y hasta el 70% en el mediano plazo que puede y debe licitarse a precios sustancialmente menores. Alternativamente, las generadoras afectadas con el desmonte son las que deberían estar interesadas en abrir espacios de negociación (sin confrontación) para asegurarse una porción del pastel eléctrico del futuro en el país.
Pacto Energético Nacional
Marranzini podría facilitarse una gestión exitosa, que tanto requiere el desarrollo y competitividad nacionales, si lograse impulsar un acuerdo honesto y transparente sobre el futuro energético nacional a través de una especie de pacto corroborado por las principales fuerzas políticas y organizaciones civiles del país. Se sabe que esto es difícil y riesgoso, también se debe ser consciente de que las iniciativas espurias y fracasadas del pasado reciente dificultan la reconstitución del nivel mínimo de credibilidad que un objetivo como este requiere.
Pero este parece ser un requerimiento fundamental para superar el déficit eléctrico secular y endémico del país.
El desarrollo eléctrico, más que en ningún otro sector, exige una planificación de largo plazo, sean las empresas publicas, privadas o mixtas.
También atraer inversiones extranjeras, después de los frustrantes eventos del pasado reciente, exige un compromiso de largo plazo y creíble.
Hilvanar un pacto de esta trascendencia y bajo circunstancias difíciles requiere poner manos a la obra de forma inteligente y consistente, para lo cual siempre ha estado dispuesto el equipo eléctrico que dirigió las empresas hasta 2004.
El PRA
La influencia de Marranzini puede ser más directa en el caso del PRA, que depende totalmente de su despacho. El programa fue diseñado en 2001 por tres años para facilitar la viabilidad financiera de las empresas distribuidoras recién capitalizadas, mientras la CDEEE gestionaba transitoriamente el 8% de la demanda nacional concentrada en los barrios urbanos más pobres y cuya carencia de infraestructura eléctrica los hacía ingestionables por las Edes. El programa se expandió en consumo, pero no en inversiones, hasta convertirse en una cuarta empresa distribuidora. Luego de transparentarse serias irregularidades, se supone que comenzó a desmontarse desde hace unos meses, pero nunca ha quedado claro quién ni cómo se encargará de sus funciones.
Primero, desarrollar la cultura de pago, así como crear mecanismos funcionales de facilitación del pago en barrios de precaria o nula infraestructura eléctrica no es una función trivial. Segundo, planificar y realizar las inversiones requeridas para la normalización gradual de estos barrios también se debe considerar una función importante mientras las empresas distribuidoras sigan siendo incapaces de gestionar sus clientes regulares. Tercero, supervisar y auditar que los barrios subsidiados reciban la energía facturada por las empresas distribuidoras es una función que un tercero debe hacer, ya que las distribuidoras son parte interesada.
Puede parecer que concitará glorias menores, pero asumido con seriedad, como parte imprescindible de la transición hacia un mercado eléctrico funcional y financieramente auto-sostenible, alguien debe hacerlo.
Distribuidoras
El saneamiento a profundidad de las empresas distribuidoras debe aspirar a lograr, por lo menos, la situación alcanzada en 2004 en Edesur cuando la empresa logró el equilibrio financiero hasta declarar beneficios. Con la reducción de pérdidas lograda en los últimos años bajo fuerte presión del FMI y el Banco Mundial, este objetivo no es tan difícil de alcanzar como lo fue en aquella ocasión.
El riesgo con estas empresas es semejante al caso de hidroeléctrica y transmisión, ya que sus independencias relativas puede y será utilizada por funcionarios y directivos incompetentes que tan eficazmente han eludido durante años (bajo la aquiescencia de la CDEEE y la Superintendencia) una acelerada mejoría en la gestión de las empresas.
El objetivo, claro está, debería ser el saneamiento en uno o dos años y ponerlas en venta en el mercado. Si se comienza a trabajar temprano, hay razones para albergar un razonable optimismo. Primero, lo peor de la crisis internacional puede que haya pasado y los inversionistas estarán hambrientos de nuevas oportunidades de negocios. Segundo, se supone que el ambiente para la inversión eléctrica mejorará con la gestión de Marranzini y el tamaño e influencia de la CDEEE habrán sido grandemente reducidos. Tercero, contrario a 1996, en el futuro cercano las empresas podrán ser puestas bajo administración privada o ser vendidas sin la carga de estar comprometidas con contratos onerosos de compra de energía.
La gran decisión parece ser si la reprivatización se orientará hacia la reverticalización de la industria eléctrica, permitiendo que empresas generadoras sean propietarias de las distribuidoras (como algunos han sugerido) o no. Esta es una decisión de mucho peso estructural que requiere de complejos estudios y delicadas ponderaciones estratégicas y políticas que aun nadie ha comenzado a realizar en el país.
