ROSARIO ESPINAL
Diferente a otros países latinoamericanos donde algunos presidentes no han completado su período de gobierno o congresistas y jueces han sido destituidos en medio de crisis políticas, la República Dominicana ha mostrado un alto nivel de estabilidad gubernamental.

A excepción de la reducción a dos años de la última presidencia de Joaquín Balaguer (1994-1996) y algunos contratiempos individuales, los funcionarios electos siempre han podido completar su período electivo desde la transición política de 1978.

Es un buen average para un país sin un alto nivel de desarrollo socioeconómico, condición que se considera fundamental para lograr esta estabilidad.

Dos factores de índole político-electoral dan cuenta de esta situación: la fortaleza del sistema de partidos que se ancló en fuertes lealtades caudillistas con diferenciación ideológica y las altas tasas de participación electoral que registra el país desde 1978.

En años recientes, a pesar de la desaparición de los caudillos, los partidos han prolongado su vitalidad electoral por el legado de las pasiones políticas, la extensa red clientelista que articula las instituciones públicas con la sociedad dominicana; y en las últimas elecciones, la crisis económica y política que desató furia electoral.

Sin embargo, en las elecciones de medio término del próximo 16 mayo, los partidos políticos enfrentan importantes desafíos.

La ciudadanía se siente cada vez más insatisfecha con la magnitud de los problemas irresueltos, mientras que muchos candidatos carecen de mensajes convincentes para concitar apoyo electoral, fuera de promover miedo u odio hacia los contrincantes.

En juego está la capacidad de los partidos de movilizar a las urnas por lo menos la mitad de los electores para que las elecciones cuenten con legitimidad popular, así como cautivar el voto para competir exitosamente en la contienda.

Las elecciones legislativas-municipales son diferentes a las presidenciales en algunos aspectos, pero no pueden abstraerse del contexto socio-político general en que se desarrollan.

Primero, las elecciones de medio término generan menos interés que las presidenciales y, por tanto, registran mayores tasas de abstención. Así ocurre incluso en países como República Dominicana con un alto nivel de participación electoral en las presidenciales.

Por ejemplo, en las elecciones legislativas-municipales de 1998 y el 2002, la abstención promedio fue de 48%, comparado con una abstención promedio de 24% en las elecciones presidenciales de 1996, 2000 y 2004.

Segundo, es probable que los abstencionistas hayan aumentado.  Los datos de varias encuestas Demos muestran que la edad y el nivel de escolaridad inciden en la decisión de votar. Los electores más jóvenes se abstienen más que los mayores y las personas de escolaridad media se abstienen más que las de escolaridad alta o baja.

Pero lo que más influye en la decisión de ir a votar es pertenecer o simpatizar con un partido político. Los miembros y simpatizantes votan más que el resto de la población. El asunto es que la cantidad de personas que dicen no ser miembros ni simpatizantes de un partido aumentó de 29% a 37% entre 1994 y el 2004.

Tercero, aunque las elecciones legislativas-municipales son contiendas entre candidatos locales con liderazgos en municipios y provincias, cuando el pueblo vota no sólo expresa sus preferencias y urgencias comunitarias, sino también su satisfacción o insatisfacción con la situación general del país.

En este sentido, las elecciones de medio término no sólo son contiendas locales, sino que también operan como una suerte de plebiscito aprobatorio o desaprobatorio del ejecutivo.

Por eso los dirigentes del PLD le recuerdan al pueblo los problemas del país durante el pasado gobierno del PRD y los dirigentes del PRD y el PRSC le dicen al pueblo que el PLD no ha llenado las expectativas, aunque saben que los peledeístas no controlan  la mayoría de las posiciones legislativas y municipales.

Estos son discursos políticos nacionales en los que se enmarcan las contiendas locales.

Aunque la intención original de quienes separaron las elecciones presidenciales de las legislativas-municipales no fuera realizar un plebiscito sobre el desempeño del ejecutivo a medio término, en la práctica, estas elecciones funcionan como tal.

Tienen consecuencias importantes no sólo en la conformación del congreso y los gobiernos municipales, sino también en la relación de poder entre las distintas fuerzas políticas y sus perspectivas futuras.

Si al partido que controla el ejecutivo le va mal, queda políticamente debilitado por el resto de su mandato y se beneficia la oposición.  Si al partido que controla el ejecutivo le va bien, sale fortalecido con la renovación de la confianza popular, independientemente de lo bueno o lo malo que haga posteriormente con ese respaldo.

En cualquier caso, la participación electoral es fundamental para legitimar las elecciones y lograr estabilidad política.

De ahí la importancia de las elecciones del 16 de mayo y los desafíos que presenta a los candidatos que luchan por concitar apoyo y a la ciudadanía que decidirá su elección.