La huelga de cinco días en los servicios médicos estatales, convocada por el Colegio Médico Dominicano (CMD) para reforzar su demanda de duplicación de salarios, podría convertir en impopular un reclamo que bien podría ser considerado justo en estos tiempos de merma del poder adquisitivo de la moneda.

Lo primero es que la huelga viene a agravar seriamente las precariedades actuales de los servicios de salud, debido al encarecimiento de todo, desde el transporte hasta los medicamentos, sin dejar de lado materiales gastables y equipos.

El propio CMD ha propuesto a las autoridades que liberen a los pacientes de los hospitales del pago de la cuota de recuperación, en una actitud que parecería derivarse de la convicción de que la gente pobre está cada vez más pobre y no puede echarse encima más cargas económicas. La huelga, sin embargo, hace dudar de la sinceridad y hace pensar que se trata de una salida de demagogia populista, más que cualquier otra cosa.

Por otra parte, la huelga adquiere la reputación de elemento de presión para tratar de forzar, no ya al Gobierno, sino al Congreso, a que apruebe la receta fiscal propuesta por los médicos para financiar los aumentos de sueldo en su propio beneficio.

Quienes entendemos que los médicos y paramédicos, como también otros sectores, merecen una mejoría en sus ingresos para compensar en parte la pérdida de poder adquisitivo, hemos empezado a cuestionar la falta de flexibilidad del CMD y la rudeza de sus métodos de lucha. Parece una forma de reafirmar el criterio de que el mérito de dirigir el gremio médico se sustenta en los métodos de reclamo radical.

Aspiramos a que los médicos y paramédicos logren su objetivo de mejora salarial, cuyo merecimiento no está en tela de juicio. Pero aspiramos también a que el gremio que los unifica entienda que la rudeza podría terminar por viciar la justeza del reclamo.

[b]Delincuencia juvenil[/b]

Un rasgo altamente preocupante del auge de la delincuencia es que cada día aumenta el número de menores de edad involucrados en actos de raterismo, asaltos, atracos, escalamientos, venta de drogas, robos de vehículos, porte de armas y otras acciones contrarias a la ley.

La situación se agrava porque no se ha logrado modificar el Código del Menor para que actúe realmente como una protección contra la nociva impunidad que está perjudicando a muchachos de corta edad contra los cuales es difícil actuar en términos legales y judiciales.

De ninguna manera puede pretenderse que los menores de edad sean tratados con el mismo rigor que los mayores, pero evadir castigar sus faltas parece estar generando más perjuicios por impunidad que beneficios por regeneración conductual.

A esta impunidad le están sacando mucho provecho bandas de adultos que utilizan a menores como ejecutores de fechorías y crímenes.

Los expertos en estas materias deberían involucrarse en la búsqueda de alternativas de corte legal que permitan disuadir la incursión de menores en la comisión de delitos, estimulados porque contra ellos las sanciones son menos severas y a veces dejan más sensación de impunidad que de castigo.