Desaguisado

Desaguisado

Los diputados se aprestan hoy a convertir en ley un proyecto que reduce considerablemente el tamaño de los parques nacionales y que deja en manos del Congreso de hacer nuevas modificaciones en las áreas protegidas. El proyecto en cuestión ya fue aprobado en el Senado y una comisión de la Cámara de Diputados emitió un informe favorable sobre esa desafortunada propuesta.

Con la aprobación de este proyecto quedan a merced de la inversión privada varias áreas protegidas, como es el caso del Parque Nacional Jaragua, Parque del Este y Bahía de las Aguilas, para solo citar unas pocas áreas mutiladas por esa legislación.

Quienes impulsaron esta iniciativa partieron del criterio de que las bellezas naturales del país deben ser disfrutadas a plenitud, no solamente contempladas. Semejante razonamiento echa por la borda todo el esfuerzo que ha costado la protección de zonas que desempeñan una importante función en el mantenimiento del equilibrio ecológico, protección de flora y fauna y estabilización climática.

Este desaguisado tuvo como preámbulo otro no menos grave, pues cuando el proyecto de mutilación de las áreas protegidas llegó al Congreso, ya el Gobierno había hecho compromisos y concesiones de explotación turística de esas zonas, promoviendo inversiones cuantiosas.

Quienes han promovido estas mutilaciones parecen desconocer la importancia de las áreas protegidas que están afectando. Se trata de gente que toma con burla los criterios de los ecologistas y que no asimilan las experiencias de países que tratan con el respeto merecido asuntos de tanta delicadeza.

Los diputados deberían meditar bien antes de tomar la decisión de convertir en ley esta barbaridad que ya tendremos oportunidad de lamentar. El desarrollo del turismo y el incentivo de la inversión en la expansión de la oferta habitacional no debe hacerse a costa de mutilar áreas protegidas.

Elemental

Hay sectores interesados en modificar la Constitución para unificar las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales, como forma de ahorrarle al país los sobresaltos que producen las votaciones cada dos años. Al menos, ese es el pretexto, pues el trasfondo de todo parece ser el de ampliar a seis años el período de ejercicio de legisladores y autoridades municipales.

A quienes andan en estos afanes es bueno recordarles que los actuales síndicos, vicesíndicos, regidores, diputados y senadores fueron escogidos para ejercer sus funciones durante cuatro años, no más. Ampliar ese período sería violatorio a la propia Constitución, pues se desconocería el mandato popular expresado a través del voto en las elecciones del 2002.

Si el interés real es unificar las elecciones, lo procedente sería que en las votaciones del 2006 sean escogidos legisladores y autoridades municipales por dos años, para que en el 2008 ambas elecciones queden unificadas.

El mandato constitucional no puede ser tratado como una prenda de vestir a la medida del interesado. Que quede claro eso.

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