El Presidente Hipólito Mejía ha decidido incidentar la continuidad de sus obligaciones para dejarle al próximo Gobierno la solución de algunos asuntos verdaderamente cruciales para el país. La decisión entraña, de principio, la prolongación de las penurias que, inmerecidamente, ha estado soportando este pueblo por los apagones, la espantosa crisis de los hospitales y, aunque menos influyente en términos nacionales, el impasse relacionado con el desmantelamiento y traslado de las inversiones que han estado operando en el aeropuerto de Herrera.

El haberle dejado estos problemas al próximo Gobierno podría suponer, según el prisma a través del cual se mire, la colocación deliberada de una especie de piedrecilla en el zapato del próximo Presidente. Sin embargo, por la naturaleza de estas dificultades, por su influencia macro, no hay forma de focalizar exclusivamente hacia el Poder esta especie de tortura infligida como castigo, pues no hay un dominicano que haya podido escapar de la devastación económica que representan los apagones y no hay, asimismo, ser humano que no se sienta solidario con la franja poblacional que tiene en vilo su existencia porque no puede recibir el auxilio de los hospitales públicos, su alternativa única para preservación de la salud.

Nadie que haya jurado servirle al país hasta el último día de su ejercicio constitucional del Poder, puede darse el lujo de transferir a mandos por venir, sin hacerse merecedor de justificadas críticas, obligaciones que le corresponden hasta el término del actual período de Gobierno, que se inició el 16 de agosto del año 2000 y culmina el 16 de agosto del presente año.

[b]II[/b]

La salida del Presidente para librarse de los apagones, la crisis de los hospitales y el desmantelamiento de la terminal de Herrera parece, a juzgar por antecedentes, el resultado de una arraigada tendencia. Recordemos que hubo intentos por rehuir la obligación asumida al firmar con el Fondo Monetario Internacional, de ejecutar una reforma fiscal que le permitiera al Gobierno mejorar sus recaudaciones para poder hacerle frente a la crisis económica. Aunque, según parece, no pudo materializarse ese amago de deserción, hubo el deseo expreso de dejarle esa «papita» al ejercicio constitucional que comienza el 16 de agosto próximo.

Antes de que fracasaran los afanes reeleccionistas, otros eran los estribillos que caracterizaban el mensaje del Gobierno, que prometió solucionar en el mandato siguiente todos y cada uno de los problemas que no pudo resolver y que, en apreciable medida, agravó con su política económica, de exagerado gasto público y desmedido endeudamiento externo e interno.

Alguna vez nos dará con emprender una modernización del Estado en la que queden explícitamente proscritas las deserciones del deber desde las encumbradas posiciones públicas, como las que ocupan esta vez nuestra atención.

Mientras eso ocurre, debemos resignarnos a estilos de mando en los cuales son posibles el ejercicio selectivo y acomodaticio del deber y la extemporánea transferencia a mandos por venir de las crisis que se tienen en las manos y por cuya vigencia se tiene comprometida mucha responsabilidad. No nos queda más que aceptar el castigo que se nos impone al postergar todo intento de solución para calamidades tan terribles como los apagones, tan inhumanas como la denegación de salud.