Lla Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret)  todavía no ha resuelto el problema  de 120 familias desalojadas hace más de cuatro años  por trabajos colaterales al Metro de Santo Domingo, y ahora está creando una situación similar con moradores de Gualey y barrios aledaños para la continuación de la Avenida Perimetral o del Ozama. Ayer se produjeron dos protestas, una en el Hoyo de La Zurza para que 122 familias desalojadas hace cinco años   sean reubicadas, aunque la construcción del proyecto que se le prometió no ha sido iniciada.

Mientras que en Gualey, decenas de mujeres se amotinaron al mediodía de ayer para impedir que los equipos pesados de la Opret sigan avanzando sobre sus casas, muchas censadas pero no pagadas.

Demasiado abuso.  Las 122 familias del Hoyo de La Zurza son parte de las 178 que fueron desalojadas en La Zurza para dar paso a la avenida Perimetral,  se desenvuelven en medio del hacinamiento total, en las 56 viviendas improvisadas que   reubicó la Opret en diciembre pasado.

Para llamar la atención, montaron una vigilia frente a las casonas que se caen a pedazos por la podredumbre de la madera y el brote de agua negra dentro de las casas, vociferaban consignas en reclamo de un hogar digno. Víctor Manuel Cortorreal, vocero de los manifestantes, lamentó que a cinco años de haber sido desalojados todavía 122 familias pasen calamidades, sin informaciones de cuándo saldrían del estado al que han sido llevadas para dar paso a la construcción de una obra multimillonaria.

La protesta fue encabezada por el sacerdote Antonio Méndez, párroco de la iglesia San Juan Bautista, Cortorreal y Viola Díaz, presidenta del Comité Gestor, que  acudieron a  la Opret en busca de información.

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Reanudan trabajos

 El ingeniero Leonel Carrasco expresó que fueron reanudados los trabajos en la  margen occidental del río Ozama  y que se había resuelto el pago a los afectados por los desalojos. Esta información fue desmentida por moradores del lugar, que respondieron con una parada frente a los equipos pesados de la Opret para impedir que sigan su trabajo. En esa zona existe una gran desinformación en torno al destino de cientos de familias.