Los desalojos que lleva a cabo en el sector Domingo Savio la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE) tienen el sello de la represión, del abuso de poder, y el maltrato a la dignidad de la gente, según Patricia Gómez, encargada del área de Producción Social del Habitat, de Ciudad Alternativa.
La trabajadora social basa sus planteamientos en los episodios desagradables que viven las familias de ese sector, que según ella son presionadas por la entidad estatal para que dejen sus desvencijadas viviendas aunque la indemnización que se les da no es suficiente para comprar una casa de bajo costo.
Gómez, quien ofreció las declaraciones en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, afirmó que es necesario que las familias que residen a orillas del río Ozama sean reubicadas, pero no de manera atropellante.
“A estas familias las meten en una trampa agonizante porque tienen las de perder por todos los lados. Primero una institución pública presionándolos para que salgan de ahí, que es URBE, y el drama es muy fuerte.
“Porque tienen que ir a una reunión donde reciben una intimidación y, aunque no está escrito, el papel dice usted firma en categoría de invasor, aparte de eso hay dos militares con arma de guerra en la puerta, y un trabajador social que les dice que firmen porque como quiera el desalojo va”, refirió Gómez.
Al dar esos detalles expresó que quienes se resisten ven cómo tumban las casas que quedan alrededor, y eso los lleva a una situación de incertidumbre”.
En febrero de 2017 el presidente Danilo Medina anunció el proyecto de transformación urbana del Nuevo Domingo Savio, donde se levantarían 1,400 viviendas para beneficio de 45,000 personas residentes en los barrios La Ciénega y Los Guandules.
Sin embargo, en enero de 2018 URBE informó que la franja de 270,000 metros donde se levantarían las viviendas es un terreno muy vulnerable, por lo que se desistió de esa intervención.
En cambio, indemnizaron a las familias para que se trasladaran a otros lugares.
En ese sentido Gómez dijo que “Lo que la gente hizo y las organizaciones, en el primer momento, cuando había diálogo, fue proponer soluciones, ideas de cómo se reubicarían en el mismo barrio, de ser trasladados a otro lugar, se prometieron 300 apartamentos de la Nueva Barquita que nunca se han entregado.
“Se prometió la construcción de edificaciones en zonas poco consolidadas, pero el plan del Gobierno fue dar dinero, y cuando la gente escuchó esa propuesta entendió que serían cantidades suficientes para poder construir una vivienda en otro lugar, pero la realidad mata”.