La vieja práctica de las dictaduras latinoamericanas de desaparecer a sus opositores parece que está por tomar cuerpo en nuestro país, a juzgar por las desapariciones del profesor universitario Narciso González; del activista por los derechos humanos Juan Almonte y de Gabriel Sandi Alistar, ocurridas el 26 de mayo de 1994, el 28 de septiembre del 2009 y en el 2011, con evidente participación de autoridades policiales protegidas por la impunidad del poder.

Al parecer, estos deplorables hechos, sin castigo, estimulan a delincuentes insertados en los cuerpos armados a realizar este tipo de fechorías en contra de ciudadanos que, sin tener vinculaciones políticas, han sido víctimas de secuestros y posibles asesinatos, como es el caso del anciano comerciante mocano Rafael Antonio Sánchez, y más reciente, el del joven Randy Vizcaíno González, apresado y desaparecido por la Policía en el cuartel del sector Los Frailes.

Si estas prácticas toman cuerpo en el país, las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para el ciudadano común, sino para cualquier persona, sin importar su condiciones sociales, políticas o económicas considerando la situación de varios países latinoamericanos donde la industria del sicariato, secuestro y desaparición de personas se ha convertido en una lacra que no han podido eliminar pese a los esfuerzos desplegados.

Nuestro país, a un alto costo, ha logrado un régimen democrático, el que debemos preservar combatiendo y denunciando las prácticas dictatoriales que de vez en cuando asoman desde los mismos estamentos del poder que continúan aferrados a métodos represivos propios de tiranías como la de Trujillo que, pese a ser decapitada, dejó personeros que se mantienen vigentes y libres, gracias a espurios acuerdos políticos.