Hoy 
POR BENEDICT MANDERIN
En Buenos Aires
La pintura se despega de las paredes del oscuro y húmedo sótano donde miles de las víctimas “desaparecidas” de la dictadura militar de Argentina, en los años 1976-83 fueron sometidos a torturas.
Pero nadie ha olvidado las atrocidades que tuvieron lugar en la planta soterrada de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el imponente colegio naval que parece amenazar uno de los principales bulevares de Buenos Aires.
Los recuerdos de este capítulo de sombras han sido resucitados por las misteriosas desapariciones de dos hombres implicados en procesos legales que surgen de la llamada “guerra sucia”.
El primero, hace tres meses, fue Jorge Julio López, un albañil de 77 años y antigua víctima de torturas. Él fue testigo clave en el primer juicio a un miembro del régimen militar, desde que la Suprema Corte revocó dos leyes de amnistía en junio de 2005 que habían protegido a los oficiales de las fuerzas armadas de ser sometidos a juicio por violar los derechos humanos. La semana pasada, Luis Gerez, de 51 años, un segundo testigo fue secuestrado y encontrado después de dos días deambulando sin camisa en un suburbio de Buenos Aires, con quemaduras de cigarrillos y golpes por todo el cuerpo.
“Es la primera vez que el fantasma del terrorismo de Estado ha regresado tan vívidamente. El miedo volvió al presente”, dice María José Guembe, quien supervisa la transformación de la EMSA en un museo. “Parece que algunos de los militares todavía estuvieran trabajando tras las puertas cerradas”.
Alberto Fernández, el jefe de gabinete, dijo que Luis Patti, un ex oficial de Policía acusado de secuestro y tortura, debería ser investigado sobre el secuestro de Gerez. Gerez testificó contra Patti el año pasado, contribuyendo a que se le prohibiera ocupar su asiento en el Congreso, a pesar de haber sido electo en 2005.
Existe una creencia extendida de que estas desapariciones están destinadas a intimidar a otros testigos en próximos juicios de más de 200 ex oficiales militares. El golpe militar que llevó a la “desaparición” de entre 13,000 y 30,000 disidentes y no simpatizantes con el régimen, y el retorno aparente de esas tácticas terroristas, ha provocado una reacción fuerte.
Además de las frecuentes marchas de protesta, carteles que reclaman el regreso a salvo de López, que han sido colocados en las esquinas, se desplegaron banderolas en partidos de fútbol y los usuarios de teléfonos móviles recibieron mensajes de texto del gobierno que solicitan información que conduzca a donde se encuentra López.
El presidente Néstor Kirchner demostró su interés personal con una visita a la familia de López.
Los adelantos en la protección de los derechos humanos bajo el gobierno de Kirchner está considerado uno de los más importantes y han ganado apoyo popular considerable, aunque algunos cuestionan su compromiso personal. “Esto empezó todo hace dos décadas, no tres años, cuando llegó el gobierno de Kirchner. Tiene una historia larga”, dice Gastón Chilliers, director ejecutivo de CELS, una organización de derechos humanos.
De todas formas, precisamente antes de Navidad, Kirchner expresó impaciencia con la ausencia de juicios desde la decisión de la Suprema Corte.
La mayoría de los argentinos respaldan los juicios, pero existe una minoría significativa que preferiría trazar una línea con el pasado. Alegan que la justicia también tiene que tomar en cuenta a las guerrillas izquierdistas responsables de la muerte de soldados, policías y guardias de seguridad.
“Es como si estuvieran viendo una película con un solo ojo. Están abriendo viejas heridas con estos juicios, pero si usted debe buscar el castigo, tiene entonces que castigar a todas las partes involucradas”, dice Juan Carlos Blumberg, quien desde la muerte de su hijo en una trama de secuestros hace dos años ha hecho campaña a favor de medidas contra el crimen.
Los activistas de los derechos humanos refutan diciendo que el terrorismo patrocinado por el Estado no es comparable con las acciones aisladas de individuos. “Estos juicios también son una forma de consolidar nuestras instituciones democráticas, de fortalecer el imperio de la ley y promover la seguridad legal”, dice Chilliers. “Estamos en busca de la verdad, estamos buscando la justicia, y esperando a julio”. La suerte de López puede que ya esté decidida. Pero el destino de otros conectados con el régimen militar -o en contra-, sigue en la balanza. “Esta sociedad ha decidido recordar. No podemos olvidar el pasado”, dijo Patricia Valdez, director ejecutivo de Memoria Abierta, una organización dedicada a asegurar que, mediante la memoria, este episodio oscuro en la historia de Argentina nunca se repita.
VERSION IVAN PEREZ CARRION
