El asesinato del alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, y de su espaldero Alcides de Jesús Medina, ocurrido el día 15 de este mes, obligó al país a volver a recordar la imperiosa necesidad nacional de modificar la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, para que en lo sucesivo, exclusivamente se permita la tenencia, nunca el porte, a nadie absolutamente.

Es una ponencia que el suscrito ha sostenido desde hace años, antes de que el diputado Víctor Bisonó Haza (PRSC-DN), introdujera hace ocho años el proyecto de ley alusivo a la Ley 36 para que solo se permita la tenencia, nunca el porte de armas de fuego.

El quid del tema por el cual la modificación de la Ley 36 ha dormido irresponsablemente por interés de los legisladores, consiste en que son éstos los primeros que rechazan desarmarse, acudir al Congreso armados, como si éste fuese una gallera donde se acude a pleitear, no a legislar en beneficio de la causa nacional.

La mayor parte de los hechos de sangre que se producen son originados por armas de fuego que portan en el 90% pelafustanes que no ameritan poseerlas.

Además, que justifiquen defender intereses, pero sin derecho a porte, solo tenerlas en los comercios, fincas y residencias, de quienes califiquen, examinados por equipo de psiquiatras y sicólogos.
Desde hace tiempo sostengo que en lo que la Ley 36 se modifique, el presidente de la República debe publicar un decreto provisional que prohíba el porte de armas de fuego, para comenzar, más los acápites mencionados y otros faltantes.

Parece que será necesario para reformar la Ley 36 que se produzcan asesinatos de familiares de legisladores, que no es lo deseable, pero sí parece indispensable.