El orden de los factores de desarrollo del sur del país no necesariamente debe  tener Bahía de las Águilas como irreemplazable punto de partida, entre otras cosas porque la explotación de ese enclave paradisíaco estaría condicionada  al sentido de  la  sentencia  judicial de un proceso sospechosamente lento. La Región Enriquillo (Barahona, Baoruco e Independencia) necesita urgentemente obras de infraestructura cuya construcción significaría pasos decisivos hacia el desarrollo.

 Si el énfasis en el aspecto turístico tiene como eje Pedernales -y específicamente Bahía de las Águilas- el Estado, como propietario que se supone que es, podría emplear las tierras en litigio y efectuar las debidas compensaciones en el caso de que un fallo judicial declarara como válido algunos de los títulos de propiedad en manos de particulares. Otra alternativa es esperar el fallo judicial para actuar, en cuyo caso debería modificar -no detener- los planes de desarrollo.

  Representantes de las provincias de la Región Enriquillo han invocado la necesidad de varias obras puntales para el progreso de la zona. Al margen de esto, hay que cuidar de que el criterio  de desarrollo no conduzca a situaciones como la de Barahona, que tiene un aeropuerto internacional sub utilizado, a la espera de otras obras de desarrollo. El sur debe ser guiado hacia el progreso por cualquiera de las vías factibles.

Suspicacia inevitable

El litigio judicial por la expropiación irregular de terrenos en Bahía de las Águilas comenzó en junio de 1997. La acción penal implícita en el proceso fue extinguida en octubre de 2012. Estamos hablando de 15 años de un litigio en el que obviamente se omitió la definición de la autenticidad de la propiedad alegada en unos títulos que el Estado -dueño de los terrenos- juzga no válidos.  La Fiscalía del Distrito Nacional ha solicitado a la Suprema Corte que anule la sentencia que extinguió la acción penal del proceso y que apodere a otro tribunal.

Definitivamente hay que retomar este escándalo para desenmascarar y castigar a los responsables de la farsa. Es inocultable el contubernio entre ministerio público y alegados propietarios de tierras en Bahía de las Águilas para empujar hacia  la extinción de la acción penal. Los hechos están vivos aún y hay que hacer desembocar el caso en un castigo ejemplar a los confabulados.