POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
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El Informe sobre Desarrollo Humano de la República Dominicana 2008, elaborado por la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  parte del estudio similar del 2005 donde se establece que el ritmo de crecimiento económico de esta nación había sido el más elevado de América Latina en medio siglo, pero, sin embargo, los progresos sociales e institucionales alcanzados están por debajo del promedio de América Latina y el Caribe.

Aquel estudio concluía que el crecimiento económico no se ha traducido en adecuado desarrollo humano, y que  «no es el resultado de la falta de recursos, sino de la ausencia de compromisos del liderazgo nacional (empresarial, político, social, religioso) con un desarrollo a largo plazo, y la falta de poder en los sectores mayoritarios de la sociedad dominicana que fuercen un pacto social que garantice el desarrollo humano».

Reproduciendo miseria
Los investigadores, con la dirección de Miguel Ceara-Hatton, han partido del convencimiento de que tan pobre fruto no ha sido casual ni accidental, sino resultado de un estilo de crecimiento económico y un ordenamiento institucional sin una visión de desarrollo humano que ha venido generando exclusión social, clientelismo o negación de derechos; es decir, creando riqueza reproduciendo miseria.

Visto que la exclusión se reproduce a través de las instituciones, la cultura política y un defectuoso estado de derecho, deciden «investigar las condiciones que deben cumplirse para lograr un mayor empoderamiento y una descentralización real, (transferencia de poder al ámbito local) que permitan crear un escenario propicio para modificar las relaciones de poder e impulsar el desarrollo humano». 

Este estudio se fundamenta en que el desarrollo es la ampliación de las capacidades y libertades reales de las personas para elegir lo que valoran; que es una cuestión de poder, y el poder se construye, se conquista o se redistribuye; que hay una relación continua entre capacidades y empoderamiento, las cuales tienen una dimensión individual y colectiva, y ambas tienen que ser simultáneas; y que el desarrollo humano es un hecho concreto de la gente en sus circunstancias, por lo que tiene dimensión local.

La extensión y profundidad obligan a limitar este análisis a los primeros tres capítulos referentes a «Desarrollo humano y poder en el territorio», sobre «El empoderamiento social: poder que se construye y se conquista», y «La descentralización: poder que se redistribuye».

El capítulo primero se resume en que «Hay una relación entre creación de capacidades, empoderamiento, poder, Estado y desarrollo humano. Las capacidades crean libertades, el empoderamiento expresa la posibilidad de actuar de las personas y de incidir en las decisiones que les afectan. El empoderamiento tiene que convertirse en poder para alterar el orden que impide el acceso equitativo a las oportunidades. El Estado debe actuar como garante de un equilibrio de poder y de un estado de derecho.»

Empoderamiento humano
Los autores construyeron un índice buscando establecer los niveles de empoderamiento de la sociedad dominicana a nivel territorial, con 52 indicadores de las dimensiones individual y colectiva. Así originan dos índices de poder, individual y colectivo, de los que a su vez se desprende el índice de empoderamiento humano.

El individual se mide a través de los ámbitos económico, educativo, de la salud y de la disponibilidad de tecnología de la información y la comunicación. El empoderamiento colectivo se determina a través de las libertades y el alcance de los derechos y del capital social acumulado. Es decir, la capacidad de acción conjunta de la sociedad, los niveles de confianza, organización, movilización e inclusión social.

El capítulo segundo analiza las formas de empoderamiento social, entendiéndolas como el resultado del grado de solidez del tejido comunitario, de la solidaridad recíproca y del capital social acumulado por la población en su ámbito nacional o local. Se refiere a la participación, a la confianza interpersonal y en las instituciones, al sentido de pertenencia al grupo, al nivel de movilización, a la inclusión social, a la interrelación entre personas e instituciones.

En el capítulo tercero se plantea la descentralización como una real transferencia de decisiones y recursos a los diferentes niveles de gobierno y entidades territoriales, considerándola como el complemento del empoderamiento, pues sin este ingrediente, generaría caciquismo, como el empoderamiento sin descentralización podría ser causa de violencia y desorden.

Necesaria descentralización
Se analiza la nueva ley municipal 176-06, considerando que abre oportunidades al proceso de descentralización, pero también podría generar frustraciones, que puede ser una aventura o una ruta para la modernidad y el progreso social. «La descentralización es un medio. No produce desarrollo humano ni hace más eficiente y eficaz la administración pública de manera automática. Más que una medida administrativa, significa una opción y una concepción política de la participación que potencia la libertad de la gente para escoger el  modo de vida que valora.»

Y se concluye que «La descentralización y el empoderamiento deben constituirse en una forma de hacer y entender la política que va más allá de su carácter instrumental para mejorar la eficiencia. Es una forma de hacer la democracia; pero además, la descentralización debe implicar la creación de capacidades en la población y el empoderamiento para que resulte en un ejercicio efectivo de la democracia»   

Como es imprescindible, el informe se refiere a la obligación del Estado de crear las condiciones para hacer posible el desarrollo humano. «Para que el Estado pueda actuar como rector, como garante del estado de derecho y del acceso equitativo a las oportunidades, tiene que reflejar un equilibrio de poder que represente a toda la sociedad, y así podrá impulsar el desarrollo humano».

Pero se trata de un Estado de instituciones débiles, sin eficientes mecanismos de control, sin rendición de cuenta, en el que los partidos políticos se apropian del capital social a través de un desmesurado clientelismo que se define como intercambio de favores económicos y sociales, el cual corroe el estado de derecho, actuando en contra del desarrollo humano.

Voraz partidocracia

El informe señala que la falta de reglas efectivas que normen la actividad política determina que los partidos constituyan un sistema de facciones para reproducirse en el poder, más que un sistema de mediación para que la comunidad participe en los poderes del Estado. «Se trata de una partidocracia que se apropia y monopoliza la mediación entre el Estado y la sociedad, sin ningún mecanismo de control».

El informe presenta un listado de leyes que no se cumplen sin que existan mecanismos eficientes de sanción. Es relevante que entre ellas figuren la que instituye el porcentaje mínimo del 4 por ciento del producto bruto interno para la educación, eje fundamental del desarrollo humano,  la que establece el 10 por ciento de los ingresos nacionales para los municipios, base de la descentralización, la de la Defensoría del Pueblo y la que obliga a la declaración jurada de bienes de los altos funcionarios. 

También es significativo que tras una década de negociaciones y consensos no se hayan podido materializar los proyectos de leyes sobre partidos políticos y participación social, aunque han sido introducidos varias veces a las cámaras legislativas.

No falta el señalamiento de las responsabilidades de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación en la promoción de la ciudadanía como factor fundamental para crear las condiciones que permitan el empoderamiento social. Una ciudadanía bien informada «estará en mejores condiciones para demandar sus derechos y exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos. La libertad de prensa, la información veraz, el libre acceso a la información pública, la transparencia en la gestión financiera, entre otros, son mecanismos que empoderan a la población

Proyecto de nación

Este estudio se entrega  cuando se replantea la necesidad de un pacto de gobernabilidad para un proyecto de nación, que debe ser integral e incluyente, y no sólo  para poner parches sobre desequilibrios económicos de origen internacional, sino también   los determinados por políticas económico-sociales desfasadas, por intereses electorales, por el dispendio público y el consumismo.

La coyuntura es precisa para que la sociedad civil y los medios de comunicación propongan nuevas normas, con eficientes sanciones, para limitar el enorme costo de la adolescente democracia dominicana y encabecen el reclamo de pacto de nación que incluya las necesarias reformas legales y constitucionales y  las políticas económicas y sociales, sin obviar las de carácter político e institucionales, sin las cuales el sistema político seguirá de espaldas a la sociedad.

Urge acortar las campañas electorales, hacer transparente el financiamiento de los partidos, impedir que los recursos de todos sigan siendo utilizados en el proselitismo, el clientelismo y el transfuguismo en los groseros términos que se registraron en la reciente campaña electoral.

Tal como reconoce el informe las elecciones ya no representan incertidumbre, pero hay que evitar todo género de financiamiento ilegal, desbordado progresivamente como quedó manifiesto con la publicación de las nóminas con que se paga ya hasta las funciones partidarias, y los barrilitos o cofrecitos de los legisladores y los repartos de los ayuntamientos. Ofende al principio de representatividad y competitividad democrática  que los senadores se hayan asignado hasta 900 mil pesos mensuales para promoverse, lo que tiende a perpetuarlos, en  desventaja de quienes les disputen el voto popular.

El  pacto sugerido debe contener un calendario y una comisión que informe  periódicamente de su cumplimiento para evitar que corra la suerte de consensos del pasado reciente. Baste recordar el pacto para la reforma constitucional suscrito entre los partidos en septiembre del 2001 y la ley de austeridad del 28 de diciembre del 2006.

En materia de reforma constitucional debería reivindicarse el proyecto consensuado en el 2001 entre los partidos políticos y organizaciones sociales, así como el elaborado en el 2006 por otra comisión presidencial. Pero también los resultados de la consulta que lo antecedió donde el 62 por ciento favoreció la asamblea constituyente por elección popular. 

Este informe merece la mayor atención del liderazgo político y social para ayudar a que esta nación supere la anomia social que carcome sus estructuras y complica su convivencia.

°Síntesis de la ponencia del autor en el acto representación del Informe Sobre Desarrollo Humano República Dominicana 2008, celebrado el 28 de Mayo.