El 25 de febrero de este año la Junta Monetaria aprobó el ante-proyecto de “Desarrollo del Mercado Hipotecario” cuyo borrador fue el resultado del consenso entre  las Superintendencias de Bancos, Pensiones, Valores y el sector privado representado por la Asociación de Bancos Comerciales y la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, siendo entregado al Poder Ejecutivo, revisado y sometido ante el Congreso.

El proyecto de ley, con la novedad del establecimiento de los fideicomisos y las letras hipotecarias, define los mecanismos para la titularización de la cartera de créditos hipotecarias, es decir la entidad que ha facilitado financiamiento para la vivienda puede “empaquetar” un número de préstamos los cuales pueden ser adquiridos por otros intermediarios financieros, empresas e inversionistas institucionales, como  los fondos de pensiones, que además de contar con la regulación de la Superintendencia de Bancos y Valores, la participación de empresas clasificadoras, deberá contar con la supervisión de la Superintendencia de Pensiones y  la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites.

En vista de la lentitud de la legislación actual en materia de embargos y transferencia de títulos de propiedad, el proyecto mejora los procedimientos judiciales existentes para la ejecución inmobiliaria y también para la transferencia de propiedad en procesos de titularización de carteras de créditos hipotecarios.

Una de las partes más importantes del proyecto es el establecimiento de estímulos impositivos y así los fideicomisos estarán exentos de toda carga directa, impuesto sobre la renta, impuesto sobre los activos con excepción de las ganancias de capital por la venta de los inmuebles, mientras los inversionistas en Letras Hipotecarias estarán exentos de gravámenes, así como la inversión extranjera en estos instrumentos.

Con la finalidad de estimular el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo costo (RD$1.4 millones la unidad ajustado anualmente por inflación) el proyecto contempla que las empresas constructoras de viviendas, financiados con los instrumentos señalados, deberán acreditarse ante el Instituto Nacional de la Vivienda y serán beneficiadas con la exención de una serie de impuestos, incluyendo tasa cero a importaciones de insumos y el ITBIS a las materias primas de fabricación local, todo ello con la finalidad de abaratar el costo final de las unidades.  

Concluida la reforma constitucional, tienen nuestros legisladores la oportunidad de aprobar este proyecto que va a contribuir a una  reactivación sostenible del sector construcción, gracias a la canalización de mayores recursos financieros provenientes de inversionistas institucionales, como las AFP o las compañías de seguros a una tasa de interés menor, y si a todo esto se le agregan las exenciones impositivas, el resultado serán viviendas cuyo menor costo va a permitir a un número mayor de familias ser objetos de financiamiento y hacer realidad el anhelado techo propio.