“Si el exprocurador general Francisco Domínguez Brito no hubiese desarticulado la mafia que operaba a lo interno de la Justicia, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) estuviera hoy en manos del narcotráfico”, afirmaron ayer fuentes vinculadas a la investigación del caso por el que fueron destituidos varios jueces.
Revelaron que con el objetivo de controlar el órgano constitucional de administración y disciplina del Poder Judicial, el grupo, encabezado por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, habría promocionaba como candidato al CPJ al destituido juez José Dionicio Duvergé Mejía.
“Las oficinas de abogados de los carteles de droga trabajaron en toda esa promoción para que el nuevo Consejo del Poder Judicial estuviera compuesto por jueces que respondían a toda esa mafia; se reunieron con un hermano del narcotraficante Florián Féliz, en Barahona, y en La Romana, con la gente de Toño Leña”, dijeron.

Las fuentes, que pidieron a Hoy reservas de sus nombres, hablaron a propósito de las declaraciones dadas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, que acusó al exprocurador de denunciar y no hacer más sometimientos que el de Francisco Arias Valera y Awilda Reyes Beltré.

Refirieron que los cabecillas del grupo de jueces que alegadamente negociaba sentencias eran Arias Valera y Reyes Beltré, y lo integraban además Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón. Otro juez vinculado al caso fue descargado fue por el CPJ. Esos jueces habrían dado fianzas y salida de la cárcel a muchos imputados supuestamente pertenecientes el crimen organizado, en casos gravísimos a los que la DNCD y todos los servicios de inteligencia seguían.

“La única manera como se evitó que el CPJ cayera en manos del narcotráfico, y lo saben todos los jueces que estaban ahí, fue precisamente identificando los casos de corrupción en que estaban involucrados”, sostuvieron las fuentes.
Arias Valera, quien renunció del consejo y a Reyes Beltré, quien fue destituida en un juicio disciplinario, tienen abierto un proceso penal desde 2016, con medida de coerción.