Resulta indignante ver las condiciones físicas de una gran cantidad de locales escolares en toda la geografía nacional y la falta de pizarras, mesas de trabajo para los profesores y butacas para los alumnos, muchos de los cuales tienen que recibir las clases sentados en el piso mientras una abultada nómina de zánganos políticos devora alegremente miles de millones de pesos de recursos que deben estar dirigidos a mejorar o eliminar la situación descrita y a elevar el nivel de la educación dominicana la que, pese a recibir el 4 por ciento de PIB desde el año 2013, sigue siendo una de las peores del mundo.

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La situación heredada por el nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, resultó tan alarmante, que el presidente Luis Abinader decidió ordenar al Ministerio de Administración Pública una auditoría a la nómina de Educación encontrando, de entrada, la asignación de 100 abogados en la Consultoría Jurídica, 250 personas, se supone que periodistas en su mayoría, cobrando en la Dirección de Comunicaciones, en adición a los nombrados fijos, y un total de 8 mil empleados asignados a la sede central, situación físicamente imposible. La pregunta es: ¿Qué pasará con todas estas botellas y quién pagará por ese saqueo a los fondos públicos?