CÉSAR PÉREZ
Es lógico que luego de un desastre natural se discuta sobre si se pudo o no evitar las dimensiones y daños ocasionados por el fenómeno, si se fue o no diligente en avisar a tiempo la peligrosidad del mismo. Pero esta discusión es inconducente si se limita a estas cuestiones y no se planteen los temas de la ordenación y uso de suelo que son claves para comprender la forma en que los desastres afectan a la población por sus condiciones económicas, etarias, étnicas y de género.

Es esa la clave del problema y es este un tema de discusión insoslayable, luego del desastre y tragedia nacional provocados por la tormenta Noel. De nada sirve hablar de desarrollo nacional, de participación democrática, de competitividad e integración a mercados regionales en un país donde sus autoridades, locales y nacionales, no acaban de asumir con la suficiente seriedad los temas de la ordenación del territorio y los planes maestros como instrumentos jurídicos políticos para controlar y orientar el uso del suelo de ciudades y municipios.

Al examinar el mapa donde se registra la mayor cantidad de pérdidas de vidas humanas, de viviendas y otros bienes materiales, debido a la tormenta, veremos que esto es más grave en los lugares de mayor nivel de uso de suelo de alto riesgo por la composición material del mismo y porque son asentamientos en las cuencas de ríos. También, donde las autoridades locales y nacionales han permitido asentamientos en zonas vulnerables y de vocación eminentemente agrícolas, pues allí también hay casas inundadas que no son sólo de pobres.

En San Cristóbal, hasta el momento, se registra más de la mitad del total de la pérdida de vida humana en todo el país. Sin embargo, esas víctimas pertenecen, básicamente, a dos de los municipios más afectados por la pobreza y donde más grave es el uso abusivo del territorio: Haina y Villa Altagracia. El primero está entre los municipios de mayor concentración industrial y de producción de riqueza, pero ocupa uno de primeros lugares en cuanto a niveles de pobreza, tiene una gran cantidad de su población en áreas de alto riego y cuencas de ríos: el segundo tiene un alarmante proceso de crecimiento poblacional y espacial hacia las zonas de montaña y de vocación agrícola y población en cuencas de ríos. Lo mismo sucede con la población que ocupa la cuenca de río Haina en el municipio de Santo Domingo Oeste. Allí hubo grandes pérdidas materiales, pero básicamente en la población asentada en esa cuenca; lo mismo sucedió en el Bajo Yuna, de la provincia Duarte, donde sólo hubo daños significativos en los asentamientos radicados en plena cuenca del referido río.

Por tal motivo, lo más importante es que de manera definitiva las autoridades locales y nacionales hagan conciencia de la insuficiencia, o peor, la obsolescencia de la actual política de regionalización del país, que por demás es entendida de manera particular por cada secretario de Estado, ninguna provincia es más afectada por esta absurda regionalización que San Cristóbal.

Se requiere, por lo tanto, una nueva ley de regionalización que tenga como sostén una ley de ordenación territorial y ciudades con planes maestros de ordenación del uso de suelo, donde se establezcan claramente los límites de cada ciudad, los suelos de uso agrícola, urbano, urbanizables y no urbanizables. Porque no es simplemente prohibiendo que los pobres se asienten en terrenos vulnerables como se evitan o mitigan los desastres naturales, sino con políticas de uso de suelo que les permita a éstos el acceso a este bien, y que protejan a toda la población de la especulación del suelo que hacen los grandes promotores inmobiliarios.

Por eso, es necesario que además de las acciones de socorro y mitigación del desastre, debe obligarse a las autoridades locales, tal como ordena la ley municipal, a diseñar los planes reguladores de sus núcleos urbanos y sus áreas circundantes y someterlos a discusión de la población y a las autoridades nacionales a presentar un proyecto de ley de ordenación territorial, que evite las especulaciones inmobiliarias, tanto del sector privado como a sus propios funcionarios, además de aplicar los proyectos de manejo de cuencas que otras autoridades han diseñado.