Una premisa manoseada con asiduidad por los políticos de este país ha sido siempre la de mejorar las condiciones de vida de la gente, reducir o eliminar sus padecimientos, poner a su disposición alternativas de educación, salud y, por supuesto, alimentación adecuada.

En resumidas cuentas, esos argumentos esperanzadores, divulgados hasta el hartazgo en cada campaña electoral, pretendían hacer creer que estábamos en vías de emplazar cuanta arma social y económica estuviera a nuestro alcance para combatir y derrotar la extrema pobreza que ha caracterizado a importantes segmentos de nuestra población.

Pero una cosa han dicho y repetido los políticos y otra, muy distinta por cierto, dicen los «numeritos» y estadísticas de organismos internacionales especializados en asuntos de población.

Gilka Meléndez, representante adjunta para nuestro país del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), afirmó en un discurso reciente que entre los años 2000 y 2003 el número  de pobres de la República Dominicana aumentó en aproximadamente un millón de personas. Miguel Ceara Hatton, director de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hace planteamientos aún más dramáticos sobre el mismo tema, pues según dice, además del aumento de un millón de pobres, otros 500,000 dominicanos pasaron a condiciones de pobreza extrema en ese mismo período.

-II-

Las estadísticas de organismos internacionales como el UNFPA y el PNUD desmienten todo lo prometido por los políticos y obligan a preguntar cuál fue el destino dado a cuantiosos recursos económicos que fueron destinados a financiar todo un aparataje montado para combatir precisamente la pobreza.

Por ejemplo, las condiciones en que se encuentran actualmente los hospitales públicos indican claramente que no se ha hecho nada para mejorar asistencia a los enfermos, que debe ser uno de los renglones prioritarios en la lucha contra la pobreza.

Las condiciones en que vive la gente en la actualidad denotan un empobrecimiento profundo en todos los sentidos. En vez de creación de empleos para disminuir la pobreza, ha aumentado sensiblemente el número de desocupados; en lugar de mejorar el poder adquisitivo del salario, ha habido devaluación; antes que poner más alimentos a disposición de la gente, la inflación los ha alejado de la mesa de los pobres, y antes que propiciar un afianzamiento de los valores morales, se ha fomentado la inmoralidad y se ha hecho cada vez más impune la corrupción.

Este desbalance terrible entre la prédica y la práctica, estas cuentas irreconciliables de la deuda social con los pueblos y la voracidad insaciable y la demagogia de los políticos por alcanzar el poder para servirse del mismo es lo que ha puesto en crisis el sistema de partidos en muchos países latinoamericanos, incluyendo, por supuesto, la República Dominicana. Lamentablemente, el hecho de haber aumentado nuestra nómina de pobres no tiene ninguna penalidad, ni siquiera moral, para quienes debieron hacer todo lo contrario a lo que han hecho.