Tanto Peña como Vargas expresaron su satisfacción por la solución del inconveniente, que atribuyeron a un mal manejo frente a la ley 8611 sobre inembargabilidad de los fondos públicos.

Explican que la situación se produjo por un reclamo de pago de la construcción de una funeraria municipal, desembolso detenido por la Contraloría General de la República al considerar que el ritmo de los trabajos no amerita el pago solicitado por los responsables de la construcción.

La retención de fondos también es violatoria de la ley 176-07, que dispone la autonomía municipal. Vargas dijo que tan pronto fue enterado de la situación, hizo las gestiones de lugar para que fuera corregida.

“Como saben los y las compañeras de los ayuntamientos, siempre hemos estado prestos a respaldarlos, sobre todo en situaciones como esta, que repercute directamente en la prestación de los servicios a la población”, expresó Vargas al dirigirse a directores de departamentos y empleados que les fueran presentados por Peña.