En el lapso transcurrido entre el viernes 28 de junio y  el domingo 7 de julio, al menos seis militares y policías han sido muertos y heridos por delincuentes para  despojarlos de sus armas de reglamento. Este  sesgo doloroso de la inseguridad pública es altamente preocupante, pues además de provocar la pérdida de vidas útiles y atemorizar a la sociedad, deja claro que la delincuencia se abastece de armas para continuar  su ofensiva. Las autoridades, que todavía no demuestran la efectividad del programa de seguridad ciudadana, tienen ante sí un reto muy serio, que obligará a modificar estrategias y hacer más énfasis en el trabajo de prevención e inteligencia.

Resulta cuesta arriba pensar que una militar de la seguridad de la familia del Presidente,  como es el caso de la asesinada teniente Zuleica Ponciano Solano, tuviera que  transitar sin protección y de madrugada  desde su casa en el barrio El Tamarindo hasta su lugar de trabajo.  Como ese hay muchos casos de militares y policías que residen en sitios peligrosos. Ese tipo de exposición debe ser tema a analizar en el Plan de Seguridad Ciudadana. La delincuencia anda en busca de armas y ubica a militares y policías, así como civiles armados, para hacerse de las que ellos portan sin importar el precio en vidas humanas. Los atentados contra servidores castrenses y policiales dejan claro que hay que revisar estrategias y renovar los métodos  para encarar exitosamente el desafío.

ANTE UN ACCIDENTE FATAL

Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en este país, y la imprudencia y la temeridad son las principales causantes de estos percances viales. En el caso de la muerte de al menos siete personas y heridas a por lo menos once, en el choque entre un minibús y un camión en la carretera Baní-Azua, parecen haber mediado  la imprudencia y la temeridad con tan lamentables resultados.

Una patana mal estacionada y sin luces de advertencia  en una carretera es una imprudencia común en este país. Y es común también que los minibuses y autobuses del transporte interurbano de pasajeros sean conducidos a excesiva velocidad y  con luces deficientes. Las autoridades deben determinar las responsabilidades de este fatal accidente. La justicia está en el deber de sancionar a  quienes violaron las normas de conducción y obligarlos a pagar  justas compensaciones a los afectados.