Bajo ese epígrafe, el Dr. Raymundo Amaro Guzmán, con justicia considerado el más prolifero y consumado investigador de esta rama de las Ciencias Sociales, publicó un breve opúsculo donde analizaba el fenómeno de la burocratización y las perturbaciones y obstáculos que esta significaba para la consecución y desarrollo de los fines del Estado y, muy particularmente, en países semejantes al nuestro con escasa valorización institucional de este sector, dada su especialidad, complejidad y extensión, condición“sine qua non” para el quehacer eficaz de un buen gobierno y el desarrollo económico-social de los pueblos; no vista como una especie de panacea o “botín político” al cual tienen derecho a disfrutar y disponer a su antojo el Primer Magistrado de la Nación, el partido político gobernante, funcionarios y congresistas que les sirven de sostén y apoyo.

Esa concepción desviada, providencialista, clientelar, predominante en nuestro país, viene acentuándose de manera notable en estos últimos tiempos.

Se caracteriza, con ligeros intentos de reforma,por la concentración de la estructura de poder, el exceso de organismos que duplican funciones, procedimientos inobservados o desprovistos de la sencillez y economía, cargados de un legalismo intenso que lo dificulta o, sencillamente, produce el abultamiento ineficaz y costoso de la burocracia, la falta de motivación y vocación de servicio que debe acompañar toda gestión pública en atención al contribuyente que paga impuestos y merece ser correspondido.

Lo dicho y el nivel de corrupción existente y permitida, se contrapone esencialmente con los valores de moral y la ética, de una política orientada a los altos fines e intereses comunes y colectivos del Estado Social, Democrático de Derecho, que debe prevalecer por encima de los fines e intereses partidistas, grupales o individualistas que constituyen el freno para la implantación de auténticos programas de reforma.

Al decir del profesor español Fernando Garrido Falla, “el interés público no solo justifica la actuación administrativa por vía de la coacción o fomento, sino que puede exigir que la administración aparezca como titular de una actividad fundamentalmente consistente en proporcionar bienes y servicios a los administrados.”

El primer intento de orientación y profesionalización de la administración pública como instrumento de bienestar socio-económico para garantizar estabilidad, eficiencia y probidad de los empleados de Estado y evitar su destitución a menos que fuera por causa debidamente justificada, lo fue el proyecto constitucional sometido por nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, de preclara visión civilista y patriótica.

Hoy – y desde hace buen tiempo- la probidad y capacidad del Estado como administrador se encuentra vivamente cuestionada. Como ha sido señalado, el gran espacio que separa al Estado de ciudadano ha sido consecuencia de su impostura y la práctica autoritaria estatal de una parte y de otra la deficiente formación de la empleomanía y de la población en general que se conforma con el papel paternalista del gobierno, sin reclamar derechos ni exigir deberes y responsabilidades.

Desburocratizar significa desmontar ese estado de cosas. “Modificar la propia estructura de poder y la forma que se ejerce dentro de la Administración”. Para ello se precisa una clara voluntad política. Eso es, precisamente, de lo que hemos carecido y el reto que debemos asumir.