Bajo ese epígrafe, en 1988, el Dr. Raymundo Amaro Guzmán, con justicia considerado el más prolifero y consumado investigador de esta rama de las Ciencias Sociales, publicó un breve opúsculo donde analizaba el fenómeno de la burocratización y las perturbaciones y obstáculos que esta significaba para la consecución y el desarrollo de los fines del Estado, y muy particularmente en países semejantes al nuestro, con una escasa valorización institucional de este sector, dada su especialidad, complejidad y extensión, considerado como condición “sine qua non” para el quehacer eficaz de un buen gobierno y el desarrollo económico-social de los pueblos, no vista como una especie de panacea o “botín político” del cual tienen derecho a disfrutar y disponer a su antojo el Primer Magistrado de la Nación, y el partido político gobernante, al que sirve y le sirve de sostén y apoyo.
Esa concepción desviada, providencialista, clientelar, predominante en nuestro país, viene acentuándose de manera notable con ligeros intentos de reforma, se caracteriza por la concentración de la estructura de poder, el exceso de organismos que duplican funciones, del papeleo y procedimientos desprovistos de la sencillez y economía cargados de un legalismo intenso que lo dificulta o, sencillamente, el abultamiento ineficaz y costoso de la burocracia, la falta de motivación, de vocación de servicio que debe acompañar toda gestión pública en atención al contribuyente que paga impuestos y merece ser correspondido.
Lo dicho y el nivel de corrupción existente y permitida, se contrapone esencialmente con los principios, filosofía, fines e intereses comunes y colectivos del Estado democrático moderno, donde deben prevalecer por encima de los fines e intereses partidistas, grupales o individualistas, que constituyen un verdadero freno para la implantación de los programas de reforma.
Al decir del profesor español Fernando Garrido Falla, citado por el Dr. Amaro, “el interés público no solo justifica la actuación administrativa por vía de la coacción o fomento, sino que puede exigir que la administración aparezca como titular de una actividad fundamentalmente consistente en proporcionar bienes y servicios a los administrados.”
El primer intento de profesionalizar la administración pública como instrumento de bienestar socio-económico para garantizar su eficiencia la permanencia y probidad de los empleados de Estado y evitar su destitución, a menos que fuera por causa justificada debidamente comprobada lo fue el proyecto constitucional sometido por nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, con preclara visión civilista y patriótica.
Hoy en día – y desde hace buen tiempo- la probidad y capacidad del Estado como administrador se encuentra vivamente cuestionada. Como ha sido señalado, el gran espacio que separa al Estado de ciudadano ha sido consecuencia de su impostura y la practica autoritaria estatal de una parte y de otra la deficiente formación de la empleomanía y de la población en general que se conforman con el papel paternalista del gobierno, sin reclamar derechos ni exigir deberes y responsabilidades.
Desburocratizar significa desmontar ese estado de cosas. “Modificar la propia estructura de poder y la forma que se ejerce dentro de la Administración.” Para ello se precisa una clara voluntad política y eso es, decididamente, de lo que se carece.