Hoy 
Después de ocho años de investigación, fueron favorecidos ayer con un auto de no ha lugar un ex subsecretario de Educación y otros ex funcionarios, acusados de un fraude ascendente a más de RD$16 millones en esa cartera durante la administración de Jacqueline Malagón en ese departamento en 1994.
El juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Felipe Molina Abreu, determinó que no existen indicios que comprometan la responsabilidad penal de Luis José Merette Santana, Jaime Matos Berrido, Juan Santiago Tena Tena, Ela Maritza Piller de Pérez, Luis Oscar Pérez Gómez, Luis Germán Rosario, Bienvenido Guzmán Sánchez, Evaristo Báez Castillo, Silverio Ramírez Francisco, César Gabriel Valdez, Julio Adrián Suárez, Eduardo Almonte, Miguel Antonio Núñez Ureña y Denicker Emilio Gómez Feliz.
En su decisión, el juez indica que los procesados niegan de forma consistente haber tenido participación en los hechos.
Asimismo, señala que no fueron aportadas las pruebas que justifiquen la comisión de los hechos y que no figura entre los legajos que conforman el expediente, algún tipo de auditoría que se realizara al efecto del supuesto fraude.
«El sometimiento judicial carece de elementos que sustenten las acusaciones hechas a los procesados, además de que las personas que fueron interrogadas en calidad de testigo, declararon no tener conocimiento de los hechos , ya que pese a que muchos laboraban en la secretaría de Educación, se enteraron de que había surgido un fraude por medio de la prensa», indica la decisión.
De igual manera, Molina Abreu ordenó el desglose del expediente en cuanto a Santos Herminio Estapia, quien se encuentra prófugo, para que una vez apresado sea enviado al tribunal para los fines de ley correspondiente.
El grupo fue sometido a la justicia el 23 de marzo del 1996, acusado de violar los artículos 145, 146, 147, 148, 166, 169,171, 172, 265, 266, 379 y 386 del Código Penal.
De acuerdo a la acusación, los ex funcionarios estaban implicados en una estafa al hacer cobros de reparaciones de mobiliarios del área de Educación, que en muchos casos fueron cobrados y no realizados.
Asimismo, se hace constar que muchos trabajos fueron pagados ocho o diez veces, de acuerdo a la denuncia hecha por Malagón, la entonces secretaria de Educación.
