Pretender justificar que el actual Gobierno esté utilizando en campaña política las unidades de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) con el argumento de que la administración anterior también las utilizó en menesteres similares, equivale a una renuncia al pudor y un abandono de la ética. Se renuncia al pudor cuando se pierde la noción de que lo malo es malo sin importar quien lo haga o lo haya hecho, y se abandona la ética cuando se entiende que el fin justifica los medios.

Ciertamente, no es de ahora que los políticos que han ascendido a la administración del Estado y se han dejado seducir por la ambición continuista, han recurrido al uso de los bienes y recursos del Estado para motorizar sus campañas.

En sus múltiples repostulaciones, el fenecido líder reformista Joaquín Balaguer nos mostró esta faceta del ejercicio político. Desde los vehículos y locales oficiales hasta los fusiles de los militares con distintivos partidistas fueron puestos al servicio de la caza de votos por la reelección.

Se recuerda que desde la oposición, los líderes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) atacaron con fiereza esta práctica deshonesta y abusiva, enajenadora del patrimonio del Estado. ¿Cómo justificar ahora este abandono de principios ante un país que aspira a una verdadera moralización del ejercicio político y la administración del poder?

Está claro que un Presidente de la República no puede ser despojado de prerrogativas inherentes a su cargo, aún cuando se haya lanzado en pos de la reelección. Pero también está bien claro que el uso de los recursos del Estado en campaña proselitista, aparte de que constituye una competencia desleal y privilegiada, desdice de lo que debe ser la administración de unos bienes que no son propios de partidos o personas en particular.

Alguna vez los dominicanos nos esforzaremos por poner en su justo contexto los linderos entre Estado y politiquería. Alguna vez habrá que exigir cuentas por estas renuncias al pudor, este abandono de la ética.

[b]Armonía[/b]

El Gobierno y los controladores aéreos, confrontados por cuestiones de índole salarial, deberían armonizar sus intereses y llegar a un arreglo satisfactorio.

Hay que reconocer que este personal, especializado en un área bastante sensible de la navegación aérea, ha estado aplazando su demanda de una mejora salarial que creemos merecida.

Al derclararse en huelga, los controladores han sido relevados por personal local bien calificado, pero en virtud de su reducido número ha tenido que trabajar en exceso, debido a que es muy intensa la ocupación de nuestro espacio aéreo, tanto por naves que nos tienen como destino, como aquellas cuyo itinerario nos incluye. La fatiga jamás ha sido buena aliada de una tarea tan delicada como el control de tráfico aéreo, y esto lo saben muy bien las autoridades.

Conviene que controladores aéreos y negociadores del Gobierno flexibilicen sus posiciones y acudan a la mesa del diálogo con el ánimo dispuesto para buscar una solución satisfactoria, teniendo en cuenta que las condiciones del país, en tpérminos financieros y de navegabilidad aérea no han sido las mejores en los últimos tiempos. A dialogar pues, sin arrogancias no descalificaciones innecesarias.