Hoy 
POR GERMAN MARTE
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) descartaron ayer que el auge de la delincuencia sea producto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.
De ese modo, ambas entidades de la sociedad civil rechazaron la propuesta de monseñor Agripino Núñez Collado de revisar el Código bajo el alegato de que la delincuencia se ha incrementado a partir de su entrada en vigencia.
Al ser consultados por separado, Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de Finjus, y Paulo Herrera Maluf, de Participación Ciudadana, abogaron en cambio por una adecuación de los actores de la justicia al nuevo Código.
Herrera Maluf consideró que el Código Procesal Penal es un paso de avance que debe ser preservado, y lo que debe hacerse para enfrentar la delincuencia es establecer una política integral de seguridad ciudadana.
No obstante, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, mostró su preocupación por la ola de delincuencia que se refleja en los medios de comunicación y en la percepción de la sociedad en general, pero que descartó que el Código Procesal Penal sea un elemento que propicie dicha situación.
«De acuerdo a los datos preliminares arrojados por un estudio que está realizando FINJUS, sobre la calidad y acceso a la justicia penal, de cada cuatro sentencias dictadas por el órgano judicial tres son condenatorias», destacó Castaños Guzmán.
Esto quiere decir, según el jurista, que el sistema de justicia, en base al nuevo Código Procesal Penal, está dando respuesta a los casos que se presentan a la justicia, en contraste de lo que ocurría hasta septiembre del 2004, que de cada diez casos que eran llevados a la justicia, ocho de ellos prescribían, o sea que después de años no se podía saber si los acusados eran responsables o inocentes.
Finjus plantea, no obstante, que es deber de todo ciudadano denunciar ante los organismos del sistema de justicia penal y la opinión pública cualquier caso en que un fiscal, policía o juez, de manera ilegal, ponga en libertad a un acusado de violar el Código Penal o por negligencias permita que personas acusadas burlen la justicia.
El rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), monseñor Agripino Núñez Collado, sugirió una nueva revisión del Código Procesal Penal para evitar que los delincuentes continúen siendo puestos en libertad cuando son llevados a la justicia. Consideró que así se podría establecer si es la aplicación del Código lo que está propiciando que haya un aumento de hechos violentos en el país.
Sin embargo, la debida aplicación del Código Procesal Penal, según Castaños Guzmán, plantea dos promesas: un proceso que respete los derechos fundamentales, que es lo que se espera en una sociedad democrática, y un proceso eficiente que garantice una justicia en un plazo razonable.
Reclamó que las autoridades del sistema de justicia mejoren la coordinación de sus organismos de prevención, investigación y sanción de la delincuencia, de forma que la ciudadanía tenga la seguridad de que la impunidad no será tolerada.
«El país tiene pleno derecho a esperar que el sistema de justicia garantice que las personas imputadas de delitos y crímenes serán debidamente investigadas y que las pruebas que el Ministerio Público y la Policía Nacional recaben sobre esos casos serán lo suficientemente contundentes para que los jueces penales determinen, en base al debido proceso de ley, si ellos son culpables o no de los cargos que se les imputan» manifestó Castaños Guzmán.
Dijo que FINJUS ratifica su oposición a la vieja práctica de encarcelar a personas de manera arbitraria e indefinidida por ser sospechosos de cometer delitos, sólo por el hecho de tener fichas policiales o haber sido acusados anteriormente.
Pc:FALTA
POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD
El coordinador de PC, Paulo Herrera Maluf, afirmó que el auge de la delincuencia no es por culpa del Código Procesal Penal, sino por la ausencia de una política de seguridad ciudadana, lo cual es responsabilidad del Estado.
«Es el Estado el que debe proveer seguridad ciudadana, el que debe hacer que el ciudadano esté y se sienta seguro», manifestó Herrera Maluf.
Empero, apuntó que esto sólo se puede lograr con una política integral de seguridad que incluya desde una reforma profunda de la Policía, la participación del Ministerio Público, políticas sociales de empleos, sobre todo para los más jóvenes.
