Hace un par de semanas resumí los logros de la descentralización del viejo Distrito Nacional, observando que al revés del resto del país, que se ha estado dividiendo en exceso, aquí estaban concentrándose inmigrantes del interior y antiguos municipios y poblaciones cercanas, con tradiciones e identidad diferentes de la vieja ciudad, que ya tiene más de la tercera parte de los dominicanos, por lo que se hizo lo que en la mayoría de las grandes capitales y urbes del mundo actual.

Pero eso no puede justificar la reproducción mecánica del modelo en el resto del país, mucho menos para crear nuevas provincias  y dividir ciudades en nuestra pequeña geografía.  Aquí es necesario distinguir claramente los  tres conceptos del título, asociados, pero diferentes para la organización  política y administrativa del territorio. A diferencia de los países federales o grandes territorios, éste es un pequeño estado unitario, integrado cultural y étnicamente, donde  no  tiene razón de ser  un verdadero gobierno intermedio, con atribuciones propias y elección popular, que se encuentre entre  el gobierno central y los de los municipios.  Eso equivaldría a complicar y burocratizar nuestro sistema político. Así las cosas, el poder local  ciudadano debe manifestarse en torno a dos procesos importantes paralelamente: los municipios plenos, descentralizados, provistos de ayuntamientos autónomos fuertes, con recursos para que participen en la educación, la salud, las obras públicas urbanas y rurales, y otras actividades, para lo que  deben recibir el 10% de los ingresos  estatales corrientes, e impuestos de vocación municipal, como el inmobiliario y las licencias comerciales; pero fuertemente supervisados por los organismos fiscales del gobierno central y la ciudadanía organizada, para evitar la corrupción y los dispendios.

 Deben ser fundamentales también órganos de desconcentración del gobierno central, para que realicen las obras y programas de interés general en cada una  de las diez regiones del país, de acuerdo a sus características, así como de las gobernaciones provinciales que ya existen, sin crear más, como representantes  del Presidente de la República, en estrecha coordinación y complementariedad con los ayuntamientos. Los municipios deben darse también la  desconcentración, como los distritos municipales, y en el caso de Santo Domingo y Santiago distritos metropolitanos no autónomos  para administrar sus grandes sectores, de acuerdo a sus características; y en todas las  ciudades deben haber Delegaciones, en donde la ciudadanía apruebe con  presupuestos participativos obligatorios el 50% de lo que debe dedicarse a la inversión pública. Los actuales distritos municipales, que suman ya 231, hay que someterlos a una depuración.  Una parte de ellos deben ser convertidos en municipios plenos, y los otros, que no llenen todavía los condiciones económicas y de desarrollo humano para ello, que se mantengan como tales con una subvención solo para cubrir las necesidades de aseo, recreación  y reparaciones, hasta que puedan alcanzar el otro nivel, manteniendo una representación en el Consejo municipal madre.   

De todas maneras, se debe impedir que los ayuntamientos incurran en deudas que no puedan pagar en el período  para los que fueron electas  sus autoridades; a menos que las aprueben las dos terceras partes de su Consejo de Regidores  y la Cámara de Diputados, para  así evitar que dejen en quiebra a las próximas autoridades.