Con Francia y España tenemos referentes de lo bueno y malo que es la descentralización. Cuba es otro ejemplo. Aquí, descentralizar fue bueno para la democracia y el manejo descentralizado del presupuesto nacional, pero ya,  por muchos factores se evidencian los aspectos negativos: municipios y distritos atomizaron el territorio nacional y  por lo tanto provocan irracionalidad, lo que provoca ineficiencia, desgastes y estrés ambientales, además de gastos duplicados y multiplicados a nivel regional. 

El desconocimiento científico de las dinámicas de la población, del espacio y de sus recursos, agudiza  la “fragilización del territorio y  su insostenibilidad ambiental”. Descentralizar requiere conocimientos científicos y  recursos humanos. Dividir y fragmentar  destruye primero los ecosistemas, reduce la biodiversidad y, con eso, dificulta las oportunidades y estrategias de la población. 

Los estudios de  factibilidad económica y ambiental demuestran que la gestión de espacios diminutos  es insostenible, pero hay que esperar una crisis  para aceptar esa realidad que involucra muchos intereses personales, para enderezar la situación. La crisis en España sugiere estudiar las medidas que se toman como en Galicia, donde dos municipios Cesuras (2,225 habitantes) y Oza dos Ríos (3,229 habitantes) acaban de fusionar y  sabemos que vienen otros casos (entre Curtis y Vilasantar, Foz y Valadouro, y Ames y Boqueixón) porque Galicia, con  menos de tres millones de habitantes y 315 ayuntamientos, reducirá  ese número para un ensayo, con una fusión “práctica, por la vía de los hechos”, o «una fusión completa, por la vía legal”. 

Ese proceso entraña dificultades y provoca recelos, pero agruparse provocará ahorros, mejor gestión, mejor servicios y  una gestión  más sostenible del espacio municipal y regional.  En otras palabras, “no tiene sentido” gestionar  territorios pequeños, muchas veces en proceso de despoblación, sin recursos y sin sinergias. RD (48,400 km2 y  9 millones de habitantes) tiene 32 provincias, 155 municipios y 232 distritos  que no responden ni a criterios científicos ni a ninguna racionalidad cultural o histórica, por lo que las subvenciones provinciales y el 6.1 % del presupuesto que se reparten los síndicos, no reducen  ni las disparidades sociales, la inequidad,  la pobreza y la insostenibilidad territorial, porque sus  ayuntamientos están, en general, en quiebra, sin posibilidad de gestionar y administrar  (su población y territorio).

Lo más grave es que casi la mitad de la población de RD vive en seis municipios de la Costa Sur que monopolizan la casi totalidad de los recursos. Por eso, si la crisis económica sigue y se agudiza, la redefinición de la división del territorio y su gestión serán materia obligatoria.